La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso afirmó que la decisión del juez José Alejandro Vargas, con relación a la medida de coerción impuesta a los 11 implicados en el entramado de corrupción “Pulpo”, es una decisión conforme a derechos.
Al hablar con miembros de la prensa al terminar la audiencia, la magistrada dijo que las pruebas que aportó el Ministerio Público fueron demoledoras, y destacó que el juez reconoció que las mismas fueron suficientes para imponer una medida de coerción.
En tanto que el procurador general de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, sostuvo que Juan Alexis Medina Sánchez y la “asociación de malhechores” que, supuestamente, dirigió entendieron que el país era un fondo personal, el cual explotaron de manera indiscriminada y las consecuencias fueron la decisión del juez.
Agregó que seguirán llamando a tantas personas como las que indiquen las pruebas.
Con relación al uso de los brazaletes electrónicos, los magistrados reusaron preferirse al caso.
