El jurista Luis Miguel Pereyra advirtió hoy que en un régimen de libre competencia -con las posiciones dominantes y los mopolios prohibidos por la Constitución de la República- no debe tener vigencia “el zarismo aeroportuario”, que erróneamente considera un derecho adquirido su vigencia de 50 años.
El profesional de las ciencias jurídicas se pronunció en esos términos al asegurar que las objeciones a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), por parte del Grupo Puntacana o la Corporación Aeroportuaria del Este, no tienen base jurídica .
En ese contexto, señaló que ante la carencia de argumentos legales y la imposibilidad de mostrar el supuesto oscurantismo en las aprobaciones de la obra, el Grupo Puntacana ha apelado al descrédito de sus contrarios armando una denuncia penal ante el PEPCA, que será archivada por carecer de fundamentos.
Dijo que la expectativa de los representantes del Grupo Puntacana es que el nuevo gobierno responda “de un plumazo” a sus intereses revirtiendo los permisos al Aeropuerto Internacional de Bávaro, pero recordó que en un estado de derecho esto no es posible, pues se trata de comportamientos de la antigua usanza de irrespeto a las instituciones.
Indicó que la estrategia de imprimir un tinte de corrupción y de rapidez sospechosa a un proceso de aprobación que tomó más de 11 meses, pasando por todas las instancias correspondiente, ha sido combinada con acciones de opinión pública, con denuncias y subterfugios ambientales también débiles.
Entrevistado en CDN por Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes y Katherine Hernández, Pereyra dijo que el Grupo Puntacana ha perdido todos los recursos jerárquicos y reconsideración elevados en las diferentes instancias vinculadas con las aprobaciones de infraestructuras aeroportarias, una señal de que carece de soporte jurídico en sus objeciones.
Dijo que ya ha respondido punto por punto el recurso instrumentado por el Grupo Puntacana para tratar de invalidar la licencia ambiental al Aeropuerto Internacional de Bávaro e indicó que los grupos ambientalistas que objetan el proyecto son cercanos al grupo Punta Cana como lo demuestran algunas fotos de reuniones sostenidas con la propiedad de ese grupo.
Afirmó que, siguiendo el debido proceso, se hicieron dos vistas públicas documentadas y se publicó el aviso de estudio de impacto ambiental por 15 días para que los interesados opinaran, pero los representantes de la Corporación Aeroportuaria del Este no lo hicieron en el tiempo hábil.
Para Pereyra resulta insólito el cuestionamieoto de los beneficios que tendría el AIB bajo la ley de Confotur -que se otorgan a todas las infraestructuras que sirven a los polos turísticos- si el Aeropuerto Internacional de Punta Cana obtuvo los mismos privilegios bajo la antigua Ley de Turismo, “representando un sacrificio fiscal de miles de millones de pesos para el Estado.”
La estrategia del Grupo Puntacana con todo su despliegue de acciones bloqueando el nuevo proyecto y una campaña publicitaria destinada a dañar la reputación del mismo , es bloquear la entrada de un competidor al mercado, apuntó Pereyra al señalar que se trata de un comportamiento ilegal prohibido por la Carta Magna.
Por otro lado, el jurista indicó que los trabajos preliminares que se han hecho en el terreno del Aeropuerto Internacional de Bávaro tienen base en los permisos aprobados y la autorización del IDAC y señaló que la obra está validada en el marco del Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico, que es el que rige para los polos turísticos.
