En un Estado democrático y de derecho -como el que existe en República Dominicana- las nuevas autoridades deben permitir que sean los tribunales quienes controlen la legalidad de los actos administrativos relacionados con la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro y mantenerse al margen de conflictos económicos entre particulares.
El planteamiento fue hecho por el jurista Luis Miguel Pereyra, quien sostuvo que -a pesar de toda campaña de manipulaciones y mentiras- lo importante es centrar el debate en determinar si el nuevo aeropuerto, cuyas permisologías se obtuvieron en un debido proceso de 11 meses, es beneficioso para el interés colectivo y si su aprobación se ajusta al régimen legal que regula la materia.
“Una inversión nueva de más de US$220 millones en los momentos de calamidad sanitaria y económica que vive el país, será una bocanada de oxígeno para la economía y los beneficios ulteriores que generará en tráfico de pasajeros, cobro de impuestos, actividades comerciales periféricas y generación de empleos, son evidentes”, razonó el letrado en un análisis.
Pereyra deploró que el Grupo Punta Cana -en contra de una terminal que hará competencia al Aeropuerto Internacional de Punta Cana- escogiera el escenario de la opinión pública para un tema que debería ser recurrido ante la instancia correspondiente, que es el Tribunal Superior Administrativo.
Recordó que el Estado está en la obligación, por mandato constitucional, de promover la competencia eficiente, libre e igualitaria. “El monopolio de cualquier naturaleza y en cualquier área, excepto si fuere en beneficio del Estado, está proscrito por el artículo 50 de la Carta Magna que consagra además la libre empresa y promueve la libre y leal competencia entre los agentes del mercado”, indicó.
Consideró como antijurídico y contra el Estado de Derecho pretender “que las nuevas autoridades electas revoquen actos administrativos de legalidad incuestionable para cercenar a competidores en beneficio del Grupo Punta Cana”. Apuntó que legalmente no hay espacio para esas expectativas.
“¿Por qué si este Grupo tiene agravios contra los actos administrativos de las autoridades competentes que han autorizado el nuevo aeropuerto, no han recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo para que decida sobre la legalidad de esos actos y en cambio escoge el escenario de la opinión pública para el debate?”, se preguntó el reconocido profesional del derecho.
Por otro lado, Pereyra resaltó que las críticas a los incentivos que recibiría el Aeropuerto de Bávaro carecen de sentido, pues están concebidos en el marco de la Ley 158-01 del 9 de septiembre de 2001, para lo cual el proyecto cumplió con todos los requisitos normativos.
“No es ocioso recordar que quien hoy se queja de que el nuevo aeropuerto haya obtenido los incentivos fiscales que la ley otorga, recibió en 1982 los beneficios fiscales de la Ley No. 153, que era la norma que precedió a la Ley 158-01 y que otorgaba similares incentivos, por lo que no hay calidad moral para cuestionar que al nuevo aeropuerto se le conceda iguales beneficios”, sostiene Pereyra.
Subrayó que el mercado turístico es sumamente competitivo y prefiere un destino u otro en función de las facilidades de acceso y cercanía al aeropuerto de arribo. “El nuevo aeropuerto de Bávaro estará más cerca de Macao, Uvero Alto y Miches que son las áreas con mayor crecimiento en nuevas infraestructuras turísticas, además de que la Región Este capta el 55% de tráfico de turistas”, dijo.
Explicó que desde el punto de vista técnico, los estudios realizados y la experiencia internacional demuestran que es viable y seguro que el Aeropuerto de Bávaro situado a 24 kilómetros de distancia del Aeropuerto de Punta Cana opere sin ninguna dificultad, como ocurre en otras 21 ciudades del mundo en que funcionan simultáneamente más de un aeropuerto, con distancia promedio entre uno y otro de apenas 19.3 kilómetros, como es el caso del John F. Kennedy y La Guardia en New York, separados por 14 kilómetros.
