El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), la Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), la Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (ADEPROCO) y la Asociación de Comités de Amas de Casa Consumidoras y Usuarias del Distrito Nacional (ACACDISNA), conforman el conjunto de organizaciones que demandan rectificación y sanción por “la violación a las leyes que rigen el mercado eléctrico en el país”.
En ese sentido, solicitan de manera pública a la Superintendencia de Electricidad (SIE) proceder en el plazo de tres (3) días, rectificar la sobrefacturación, aumento de precios de la energía servida en que han incurrido en un período de tiempo en que, por ser un Estado de Emergencia cuando lo que procedía era el no cobro de factura o la postergación de la misma, so pena de ser demandadas en justicia por abuso contra el consumidor, por cobro de energía no servida e ignorando lo decretado por el Estado dominicano a causa de la pandemia (COVID-19), entre otras violaciones a la ley 125-01.
Las organizaciones que conforman el conjunto de entidades que demandan rectificación y sanción por la violación a las leyes que rigen el mercado eléctrico en el país, señalaron que:
-1) Todas las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas acataron la declaratoria de Estado de Emergencia consistente en cerrar sus negocios,
-2) Los consumidores se refugiaron en sus hogares, pero muchos de ellos quedaron vacíos en razón de que las familias decidieron estar juntos por lo que se quedaron en las residencias de sus padres o de sus abuelos,
-3) Las viviendas secundarias o de descanso aún hoy siguen cerradas,
-4) Los que quedaron en casa, no pudieron hacer un uso más allá de lo normal pues los refrigeradores, bombillas, etc., son los mismos de siempre, y el control del consumo de energía es el mismo, por tanto no ha habido aumento de consumo,
-5) Los precios del petróleo en lugar de aumentar disminuyeron en este período, lo cual debe reflejarse en las facturas,
-6) Es obvio que las EDEs, en violación a la ley, decidieron prorratear la facturación conforme a los meses de mayor consumo de 2019, a la vez que duplicaron y hasta triplicaron los montos de las facturas de manera indiscriminada tal y como lo prueba, un estudio técnico de uno de los partidos políticos de oposición, entre otras fuentes.
Las organizaciones pidieron a la SIE que, en vista del actual estado de emergencia, la práctica de que el usuario debe “pagar antes y después reclamar”, debe ser desestimada hasta tanto se resuelva la irregularidad puesto que hay denuncias de personas que pagaban dos y tres mil pesos y el recibo de mayo le ha llegado de 45 y 46 mil pesos, lo cual advierten, es lesivo y contraproducente con la situación económica por la que atraviesa el país y la economía de los asalariados.
