Santo Domingo.- Bajo el nombre de “Operación Calamar”, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) descubrió el entramado criminal en el que altos funcionarios públicos utilizaron sus influencias para perpetrar una “gigantesca estafa” contra el erario público.
Según las investigaciones llevadas a cabo por la PEPCA, diversas instituciones gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto, fueron instrumentalizadas para desfalcar al Estado a través de una serie de operaciones fraudulentas.
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Uno de los puntos destacados fue la creación de un programa de financiamiento para contratistas que ha costado al Estado dominicano más de 21,000 millones de pesos. Estos fondos, lejos de ser utilizados conforme a la ley y las regulaciones administrativas, fueron desviados para llevar a cabo una operación de lavado de activos.
El expediente de Calamar también revela cómo se falsificaron documentaciones de otros ejecutivos del Estado para proceder al pago irregular de los ya mencionados 21,000 millones de pesos.
Además, las autoridades constataron cuáles empresarios fueron coaccionados para ceder parte de sus contratos bajo amenaza de ser excluidos como proveedores del Estado.
La PEPCA descubrió que se emplearon esquemas empresariales tradicionales para realizar operaciones de lavado de activos a gran escala.
Documentos públicos falsificados
Según la acusación, muchos documentos públicos fueron falsificados, fechas de registro y firmas de contratos adulteradas, y declaraciones juradas de bienes manipuladas con el fin de ocultar los fondos ilícitos obtenidos.
El modus operandi de esta mafia gubernamental incluyó la manipulación de procedimientos administrativos, el acceso indebido a préstamos y líneas de crédito sin garantía, así como la creación de necesidades artificiales para la obtención de fondos públicos.
La trama se extendió a través de una red compleja de funcionarios públicos, asociados y terceros, que se beneficiaron personalmente a expensas del patrimonio del Estado.
De acuerdo con el documento, el ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción.
