Mirando desconfiada a su alrededor, una ama de casa salvadoreña acaba de votar en La Campanera, antiguo bastión de la pandilla Barrio 18. Respira aliviada porque ya no hay muertes en su barrio, pero prefiere guardar su identidad: “Todavía hay miedo”, aseguró.
“Todavía hay remanente de pandilla aquí, están las mamás, los papás, hermanos, primos, esposas, hijos, hijas y ellos tienen esa mentalidad (de pandilleros)”, dice a la AFP esta mujer bajita, de 53 años, tras votar en la escuela de la localidad, pintada de azul y blanco.
Vive desde hace 30 años, con su esposo y dos hijos, en La Campanera, un populoso suburbio en la ciudad de Soyapango, en la periferia este de San Salvador, cerca de donde la Barrio 18 mató al fotógrafo francés Christian Poveda en septiembre 2009.
La mujer, quien llevaba un suéter por el aire fresco de las primeras horas de la mañana, dice que se siente segura cuando los soldados patrullan la zona. “Pero cuando ellos no están, todo cambia”, aseguró.
Bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, miles de militares y policías han cercado barrios enteros como parte de la “guerra antipandillas” del presidente Nayib Bukele, gran favorito para ganar la reelección este domingo por su política de seguridad.
En La Campanera, un barrio de una sola calle de ingreso y salida antes totalmente controlada por pandilleros, ya no hay grafitis de la Barrio 18 en los muros de sus pequeñas casas de ladrillo de concreto.
Los primeros en votar allí fueron 12 soldados que se encargan de vigilar las 24 horas del día en el lugar.
Antes de que Bukele lanzara la “guerra” a las pandillas, La Campanera era considerada por las autoridades como una de las zonas más peligrosas de la capital. Los barrios del frente estaban controlados por el grupo rival, la Mara Salvatrucha (MS-13).
Confianza en la seguridad
En La Campanera, rodeada de cerros con vegetación, algunos se armaron de valor y abrieron pequeños negocios, confiados en que Bukele será reelegido y continuará con el régimen de excepción que impuso para combatir a la delincuencia.
Sandra Burgos, 68 años, es una de ellos. Hace tres meses abrió una pequeña librería, con la que se mantiene económicamente.
“Antes era feo, pero hoy estamos bien, salimos (…), antes no se podía”, dice Burgos, al recordar que antes del régimen de excepción temían dejar sus casas y toparse con los pandilleros que se apostaban en los pasajes del lugar.
Muy cerca de la librería, Lucía Alvayero, de 46 años, hace tortillas de maíz que tira en una plancha caliente.
Alvayero recién votó y muy sonriente dijo saber que “el presidente Bukele es el que va a ganar”, pues lo hecho hasta el momento por el gobernante “está bien”, más que todo en seguridad.
En 2023 el país registró una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes, la más baja en las últimas tres décadas.
“Hoy que el presidente Bukele tomó la decisión de poner un régimen de excepción, estamos bien, (que continúe) hasta donde sea necesario”, sostuvo Alvayero, bajo la sombra de un árbol de almendro.
“Muchas personas piensan que es una dictadura, pero no es una dictadura”, sostiene.
Calibrar el régimen
Sentado en un banco de un negocio de comida callejera en La Campanera se encuentra Mario Delgado, que pese a estar a “favor” del régimen de excepción, dice que esa medida está afectando a personas que nada deben.
Con el régimen “también han violado los derechos de los que no somos mañosos (ladrones)”, asegura el hombre, vestido con pantalones cortos y una camisa a rayas.
Para este jubilado de 68 años, de voz ronca y fuerte, se “debe ver” el tema de los derechos humanos. “Niños se están quedando sin sus papás porque los están llevando presos”, afirmó.
Más de 75.000 personas señaladas de pandilleros han sido arrestadas bajo ese régimen que permite detenciones sin orden judicial y que es criticado por grupos de derechos humanos. Unos 7.000 fueron liberados por ser inocentes.
