Manifestantes exigieron este martes en Panamá la derogación del contrato que permite a una compañía canadiense operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica, ante lo que el presidente Laurentino Cortizo advirtió que no tolerará desórdenes.
Agentes antimotines se mantienen apostados en varios puntos de Ciudad de Panamá y en otras ciudades y provincias, luego de que la jornada de protestas del lunes derivara en choques entre decenas de manifestantes y policías, que usaron gases lacrimógenos para dispersarlos.
“Hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública, y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados”, aseguró Cortizo, en un mensaje en televisión.
Vías neurálgicas permanecen cerradas en la capital de Panamá y en algunos sectores los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron piedras contra la policía. En algunas zonas de este país centroamericano, las protestas sobrepasan el centenario de personas.
Las protestas, lideradas por el poderoso sindicato de la construcción y en las que participantes maestros, médicos, obreros y otros gremios, iniciaron el viernes luego de que el Congreso aprobó, en tres debates en menos de 24 horas, la ley que permite la operación. de la minera canadiense First Quantum Minerals.
La sanción presidencial en la misma noche del viernes desató más la ira de los manifestantes, que consideran “inconstitucional” el contrato, que los aportes de la compañía al Estado son insuficientes y que la mina representa una amenaza para el medio ambiente.
“Hay que pelear porque a esa minera le dieron mucha libertad”, dijo un conductor de taxi en la Avenida Balboa, en la capital, quien no quiso identificarse.
La ley selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
“Tomamos la decisión correcta. No la más fácil. Luego de una negociación difícil y complicada por más de dos años se acordó en el 2023”, aseguró el presidente.
El gobierno destaca que la mina genera más de 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
“Estamos en desacuerdo con este contrato por razones ambientales, sociales, económicas y democráticas. Esta aprobación a sangre y fuego es una lesión muy grave al país”, afirmó Lilian González, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental.
