El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, presentó este lunes a la justicia un pedido de destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusa de orquestar un “golpe de Estado” para evitar que él asuma el poder en enero.
“Estamos recurriendo a ley para defender los derechos que nos asisten”, dijo Arévalo tras ser acompañado por cientos de seguidores, que alzaban banderas guatemaltecas, hasta la sede de la Corte Suprema, donde interpuso un recurso de amparo pidiendo la salida de Porras y otros. dos funcionarios judiciales.
Además, solicitó “que se deje sin efecto lo accionado por el Juzgado Séptimo [del cuestionado juez Fredy Orellana] en contubernio con los fiscales” contra su partido, Semilla.
“Estamos presentando el amparo con toda la argumentación que evidencia la secuencia de actos violatorios de la Constitución que han cometido y que constituyen una violación del orden constitucional establecido”, declaró el sociólogo y diputado de 64 años, hijo del presidente Juan José Arévalo (1945-1951), quien dejó huella en el país.
En su recurso, el mandatario electo también exigió la salida del fiscal Rafael Curruchiche, quien dirige unas polémicas investigaciones contra su movimiento político.
De la misma manera, solicitó la remoción del juez Orellana, que ha ordenado allanamientos a las sedes de Semilla y del Tribunal Supremo Electoral, lo que ha enturbiado el ambiente político en el país.
Porras, Curruchiche y Orellana fueron incluidos en una lista de Estados Unidos de personajes “corruptos y antidemocráticos” centroamericanos.
“Hemos decidido presentar un amparo que exige que se restablezca el orden constitucional y que pide la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras, del Fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana”, dijo Arévalo, quien el 1 de septiembre denunció que estas maniobras son parte de un plan “de golpe de Estado” para evitar que asuma.
En una marcha por las calles de la capital, indígenas con coloridas indumentarias aplicaron la xik’ay o castigo ancestral maya con azotes simbólicos a los funcionarios denunciados y también al presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei, a quien acusan de participar en el boicot contra Arévalo.
“Estamos aquí para decir no a la corrupción y a la impunidad”, dijo en la marcha la activista indígena Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992.
Más protestas
Horas antes de la presentación del pedido, miles de indígenas, estudiantes y otros activistas se manifestaron en varias ciudades del país para exigir la renuncia de Porras y de los otros funcionarios judiciales.
En la capital, cientos de indígenas provenientes del departamento de Totonicapán y otros municipios occidentales, portando silbatos y trompetas de plástico, recorrieron varias calles para exigir la salida de la fiscal general y los otros funcionarios.
“Si no renuncian […], vamos a tomar otras acciones”, indicó a la AFP la dirigente maya María Elías.
Para este martes, miembros del Comité de Desarrollo Campesino anunciaron que cortarán unas 20 carreteras en rechazo a las acciones de los funcionarios cuestionados.
Con su promesa de lucha frontal contra la corrupción, uno de los males del país, Arévalo obtuvo un amplio triunfo en el balotaje del 20 de agosto, pero su ascenso al poder despierta temores entre poderosos sectores políticos y empresariales.
La semana pasada, Curruchiche dirigió un allanamiento, con decenas de policías, en un centro electoral donde los fiscales abrieron cajas que contenían votos de la primera vuelta electoral del 25 de junio.
Según el fiscal, el operativo nació de la denuncia de un ciudadano, pero la acción fue rechazada por la comunidad internacional, que estima que solo es un pretexto. Estados Unidos lo calificó como “un ataque al proceso democrático”.
Almagro arremete contra fiscalía
En Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este lunes que no se puede permitir que la fiscalía de Guatemala rompa “la institucionalidad y la Constitución” en el país centroamericano, donde el proceso de traspaso de poder se encuentra “bajo amenaza”.
Uno de esos riesgos es la fiscalía, señaló Almagro durante una reunión del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la OEA.
La Fiscalía rechazó la acusación de orquestar un “golpe de Estado”, en un mensaje enviado a la AFP.
“Se rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral”, indicó la entidad.
