El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este martes haber recibido una carta de la fiscalía que durante sugiere que es probable que se le acuse penalmente por los disturbios el ataque al Capitolio, una nueva piedra en el zapato del precandidato a las presidenciales de 2024.
“El trastornado Jack Smith, fiscal del Departamento de Justicia de (el presidente estadounidense) Joe Biden, envió una carta (…) que afirma que soy un OBJETIVO de la investigación del Gran Jurado sobre el 6 de enero”, asegura Trump en su plataforma Truth Social.
Contactado por la AFP, un portavoz del fiscal especial Smith ha declinado hacer comentarios.
El 6 de enero de 2021 miles de simpatizantes de Trump sembraron el caos y atacaron el Capitolio en Washington, templo de la democracia estadounidense, para intentar impedir que se certificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden.
Más de 1.000 personas han sido detenidas desde entonces, y unas 350 de ellas acusadas de agresión a la policía o de oponer resistencia a la autoridad. Algunos miembros de milicias de extrema derecha han sido incluso condenados por sedición.
El expresidente, favorito entre los republicanos para la nominación del candidato del partido de cara a las presidenciales de 2024, dijo que le dieron “un plazo muy corto de cuatro días” para personarse ante un gran jurado, “lo que casi siempre significa un Arresto y Acusación”, pero el Washington Post afirma que eso no es sistemático.
“Esta caza de brujas tiene que ver con la interferencia electoral y un completo y total uso de la aplicación de la ley como arma política”, dijo el magnate, de 77 años.
Trump argumentó que tiene “derecho a protestar” porque está “plenamente convencido” de que las elecciones “han sido amañadas y robadas”.
El Departamento de Justicia ha “emitido efectivamente una tercera acusación y arresto del OPONENTE POLÍTICO NÚMERO UNO de Joe Biden que domina ampliamente en la carrera por la Presidencia”, sostiene Trump.
“Nada semejante ha ocurrido antes en nuestro País”, añade.
Una comisión parlamentaria, disuelta a principios de año por la nueva mayoría republicana en la cámara baja, investigó si Trump desempeñó un papel en los actos violentos de ese día.
El panel, integrado sobre todo por demócratas, afirmó que el expresidente había enardecido a sus partidarios antes del ataque y “falló en su deber de comandante en jefe” durante los actos violentos.
En su informe final hecho público en diciembre de 2022, la comisión concluyó que Donald Trump no debería volver a ocupar un cargo público tras incitar a sus partidarios a la insurrección.
Sus miembros también recomendaron que la justicia federal inicie procedimientos penales contra él, en particular por incitación a la insurrección.
Este martes Trump no precisó los posibles cargos que se le imputan en esta investigación.
Otros casos
Trump ya ha sido imputado en una investigación federal sobre documentos confidenciales, también dirigida por Jack Smith.
Se le acusa de negarse a devolver documentos que supuestamente conservó cuando se fue de la Casa Blanca.
A mediados de junio se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y por los que será juzgado. El martes está prevista una vista procesal.
Los fiscales del caso quieren que el juicio comience en diciembre mientras que los abogados de Trump piden que se celebre después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Nikki Haley, rival en la carrera por la nominación republicana, denunció el martes en Fox New una “nueva distracción” que, al margen de las primarias, está centrando la atención en los problemas legales del expresidente.
El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acusó a Biden, que también es candidato a las presidenciales de 2024, de utilizar el sistema judicial estadounidense para “atacar a su oponente número uno”.
El congresista demócrata Adam Schiff calificó de “patéticas” las declaraciones de McCarthy porque “es vergonzoso proteger a un expresidente corrupto”.
Trump también ha sido acusado por la fiscalía del estado de Nueva York de varios cargos de fraude contable, debido a un pago realizado antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a una actriz porno.
Por último una fiscal de Georgia anunciará antes de septiembre el resultado de su investigación sobre las presiones que supuestamente Trump ejerció para tratar de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado del sur del país.