Al cumplirse dos años del asesinato del presidente Jovenel Moïse, la justicia aún está lejos de dar pistas del crimen que agravó la ya profunda crisis sociopolítica, económica y de seguridad de Haití.
El mandatario fue brutalmente baleado en su residencia privada de esta capital en un ataque en el que resultó herida de gravedad su esposa, Martine Étienne, y sobre el cual todavía existen pocas respuestas.
La investigación estuvo paralizada durante meses y liderada por al menos cinco jueces de instrucción, el último de ellos Walter Wesser Voltaire, quien en las semanas recientes revivió el caso y convocó a varias audiencias.
El jueves se conoció la citación de los actuales ministros de Planificación y Economía, Ricard Pierre y Patrick Boisvert, respectivamente, así como del titular de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Guyto Edouard y los directores generales del Ministerio del Interior y de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas.
No obstante, más de 30 personas se mantienen detenidas en la Penitenciaría Nacional sin aún imputárseles cargos, entre ellos una veintena de exsoldados colombianos acusados de perpetrar el magnicidio.
“Continúa el llamamiento para que los responsables de este atroz crimen comparezcan ante la justicia. Su asesinato sumió al país en una crisis política más profunda que se ha visto agravada por un colapso sin precedentes de la seguridad, con bandas criminales armadas que imponen un régimen de terror y violencia en la mayor parte de Puerto Príncipe”, dijo el jueves la jefa de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, María Isabel Salvador.
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Salvador lamentó que la situación se ve agravada por la crisis humanitaria, de derechos humanos y socioeconómica a la que se enfrenta el país.
El Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos abogó la víspera por la creación de un tribunal especial que enjuicie a los sospechosos y sugirió que la paralización de las investigaciones podría constituir una estrategia para “vaciar” el caso de su esencia y llegar a una parodia de juicio.
La plataforma alentó a las autoridades haitianas a explorar otras propuestas, entre ellas los tribunales especiales de Camboya, Líbano, Sierra Leona y la República Centroafricana, así como las cámaras extraordinarias y penales en África y Kosovo, ante la inacción de la justicia nacional.
Esos tribunales, de los que forman parte jueces nacionales e internacionales, se remiten al derecho nacional en lo que respecta al procedimiento y la incriminación, e incorporan el ordenamiento jurídico interno, señaló la instancia.
Mientras, en Estados Unidos, uno de los 11 detenidos, el empresario Rodolphe Jaar, fue sentenciado a cadena perpetua tras admitir su participación en el complot.
Otros 10 podrían enfrentar un juicio a mediados de este mes con penas de por vida o décadas en prisión.
El letargo de la justicia deja en evidencia la impunidad que carcome al país, a pesar de las promesas del actual primer ministro Ariel Henry de apoyar la pesquisa.
Dos años después ni el crimen ni los desacuerdos políticos parecen tener respuesta a mediano plazo, mientras la violencia de las bandas desafía las intenciones de enrutar a Haití hacia un camino democrático y pacífico.
Fuente: vanguardiadelpueblo.do
