El gran jurado que estudia las pruebas contra Donald Trump tiene previsto suspender las audiencias en las próximas semanas debido a las vacaciones escolares y otras festividades religiosas, por lo que la prensa local especula este miércoles que no habrá una decisión sobre su posible imputación antes de fines de abril.
El exmandatario de 76 años, precandidato de nuevo a la presidencia de Estados Unidos en los comicios de 2024, está siendo investigado por el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016 para comprar presuntamente su silencio por una supuesta relación extramatrimonial diez años antes, que el magnate siempre ha negado.
El gran jurado se reunió el lunes y escuchó el testimonio de un testigo, el antiguo editor de la publicación National Enquirer David Pecker, que según el New York Times ya había declarado en enero.
En los últimos días, han crecido las especulaciones sobre la eventual imputación de Trump, quien el pasado 18 de marzo anunció en su red Truth Social que iba a ser “arrestado”, desatando el frenesí entre la prensa que desde entonces está apostada frente a la fiscalía en el sur de Manhattan.
Pero no ocurrió y el país sigue pendiente de su posible imputación.
El lunes, el republicano aseguró que la investigación que realiza el fiscal de Manhattan Alvin Bragg en su contra es una “injerencia electoral” orquestada por “bandidos”.
El gran jurado tiene que pronunciarse a favor o en contra de imputar al multimillonario por el supuesto pago a la actriz porno en la recta final de la campaña presidencial de 2016, antes de que el fiscal acate dicha decisión y la haga pública.
En los días siguientes, Trump tendría que “presentarse” ante el tribunal de Manhattan para que un juez le notifique la acusación, quedando brevemente “bajo arresto” para ser fotografiado y tomarle las huellas dactilares. A continuación, tendría que declararse culpable o inocente.
El entonces abogado de Trump y ahora enemigo Michael Cohen, que declaró ante el gran jurado, aseguró que fue el encargado de hacer el pago a Stormy Daniels en nombre de su entonces jefe y que después se lo reembolsó.
Si el pago no hubiese sido debidamente acreditado, podría resultar en un delito menor por falsificación contable, aunque al mismo tiempo, podría haber violado la ley de financiamiento de la campaña electoral, que puede acarrear cuatro años de cárcel.
Según expertos legales, no será fácil demostrar esas acusaciones en un tribunal, por lo que resulta incierto que el expresidente, que se declara víctima de una “caza de brujas”, pueda ser condenado a cárcel.
