Fuerzas militares y policiales se movilizaron este viernes hacia una región del noroeste de Colombia paralizada desde hace más de una semana por mineros ilegales, mientras que las autoridades decretaron un toque de queda hasta la mañana del sábado.
El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, compartió en Twitter imágenes de decenas de uniformados con armas largas encargados de retomar el control en las carreteras del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia.
Las vías están bloqueadas por los mineros que protestan desde el 2 de marzo contra la destrucción por parte de la fuerza pública de las dragas que utilizan para extraer oro ilegalmente. La semana pasada intentaron quemar la alcaldía de Caucasia y el jueves destrozaron un banco en el mismo municipio.
“El Gobierno Nacional siempre está dispuesto al diálogo, pero no acepta la presión que los violentos pretenden ejercer ni la intimidación a las comunidades”, escribió Velásquez en la misma red social.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, decretó un toque de queda desde las 18H00 (23H00 GMT) del viernes hasta las 06H00 del sábado en 12 municipios, con el fin de “garantizar el orden público, y coordinar la acción de la fuerza pública”.
Gaviria acusa a los mineros de trabajar para el Clan del Golfo, el grupo narco más grande del país y presunto receptor de las rentas de esa actividad.
Por orden del presidente, Gustavo Petro, los ministros de Defensa, del Interior y de Medio
Ambiente sostienen desde el jueves reuniones con los manifestantes, sin llegar a acuerdos.
El mandatario divulgó fotografías de soldados patrullando esos municipios con la instrucción de “liberar el Bajo Cauca para que nazca la democracia y la libertad”.
Petro prometió atacar con explosivos a las dragas y excavadoras utilizadas para la extracción irregular de metales. Desde 2012 han sido destruidos unos 2.000 de esos aparatos por la policía y el ejército.
Los mineros defienden su “derecho al trabajo” y se levantaron el viernes de la mesa de negociaciones.
“El punto central de la negociación del paro minero no han sido los derechos del pequeño minero, ha sido mantener la operación de las grandes dragas que utiliza la minería ilegal. Nosotros decimos NO”, escribió Petro en la red social.
Las autoridades sospechan que la extracción irregular de oro es casi tan rentable como el narcotráfico y una de las principales fuentes de financiación de organizaciones que mantienen vivo el conflicto armado en Colombia tras el desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.
El 85% del oro que exporta Colombia es extraído ilegalmente, según cálculos oficiales.
