La deforestación en la Amazonía brasileña fue de 1.455 Km2 en septiembre, un récord para ese mes del año, según datos oficiales divulgados este viernes, a menos de un mes de la segunda vuelta de las presidenciales, en las que Jair Bolsonaro busca la reelección.
El área talada el mes pasado en la mayor selva tropical del planeta es 48% mayor que la de septiembre de 2021, según datos del sistema de vigilancia satelital DETER, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), cuya serie empieza en 2015.
Y supera por poco el récord anterior para el mes de septiembre (1.454 km2), registrado en 2019.
En lo que va de este año, “el área de alertas de deforestación ya es 4,5% superior a la verificada en todo 2021 y puede igualar o superar en los tres meses que faltan el récord histórico de 2019 (9.178 km2)”, señaló en un comunicado la ONG Observatório do Clima.
Durante el mandato de Bolsonaro, un excapitán del Ejército, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña -principalmente causada por la tala de árboles para dar cabida a ganado y tierras cultivables, según expertos- aumentó 75% comparado con la década anterior.
“Cualquier persona a la que le importe el futuro de la selva, la vida de los pueblos indígenas y la posibilidad de tener un planeta habitable, debería votar para quitar a Bolsonaro de la presidencia el próximo 30 de octubre”, dijo el secretario ejecutivo del Observatorio, Marcio Astrini, en un comunicado.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva venció en la primera vuelta de los comicios con 48% de los votos, frente al 43% que obtuvo Bolsonaro, un resultado que obligó a definir en un balotaje.
El expresidente Lula (2003-2010), cuyo historial medioambiental es también blanco de críticas, prometió aumentar las metas de reducción de gases de efecto invernadero acordadas por Brasil en el Acuerdo de París, reactivar el Fondo Amazonía de financiación internacional para proteger la selva y combatir la deforestación, entre otras medidas.
La campaña de Bolsonaro defiende el legado del actual jefe de Estado, alegando que “equilibra la protección ambiental con el crecimiento económico justo y sostenible”.
