El Gobierno de Pedro Sánchez avanzó hacia el proceso de regularizar a miles de personas y ofreció opciones a quienes quieran probar suerte allí dentro de la legalidad. ¿La medida es de verdad un gana-gana para los latinoamericanos?
De nuevo, en mayo saltó la alerta. Esta vez sucedió en la Costa Brava, uno de los destinos turísticos más apetecidos de España. Desesperados porque tenían clientes, mas no empleados para atenderlos, decenas de pequeños empresarios de la hostelería se mostraron dispuestos a limitar al mínimo sus horarios de atención al público. E, incluso, algunos amenazaron con bajar de manera indefinida las persianas de sus bares y restaurantes.
La situación no es nueva. Quizás por eso, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez tenía la necesidad inaplazable de hacer fuertes reformas a la Ley de Extranjería, como había prometido a mediados de 2020. Los cambios, adoptados en Consejo de Ministros, fueron considerados “medidas de mucho calado” por el responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Según él, tienen el objetivo de propiciar “una migración regular ordenada y segura”.
La reestructuración tiene varios frentes. El primero reconoce un hecho migratorio inocultable: el de miles de personas que llegaron a la Península como turistas pero con la intención de quedarse. Hoy ellas forman parte de la fuerza laboral del país aunque de forma soterrada, sin las mínimas garantías de un contrato legal. Ahora, la reforma parece brindarles la posibilidad de obtener permiso de residencia y trabajo, preferiblemente en oficios que tienen mayor demanda y para los que deberán alcanzar niveles de especialización mediante cursos especiales.
De esa manera el Gobierno espera lograr varios resultados simultáneos. De un lado, España quiere legalizar la permanencia de muchas personas que viven a merced de toda clase de abusos perpetrados por empleadores inescrupulosos que les pagan dinero en negro, es decir, por debajo de la mesa, sin brindarles garantía jurídica alguna. Y del otro, espera los ingresos provenientes de la entrada de esa población al circuito económico legal, en una política a tres bandas que puede además representar mayores índices de seguridad y control de las autoridades.
La enmienda también contempla a los estudiantes provenientes del exterior. De acuerdo con cifras oficiales, en el Sistema Universitario Español (SUE) en 2019 había 208.366extranjerosinscritos en la educación superior. A partir de ahora, la nueva normativa les permitirá trabajar hasta 30 horas semanales, el 75% de las 40 que contemplan el tope máximo de las leyes de esa nación. En realidad, no pocos lo venían haciendo, pero sujetos a arbitrariedades y a persecuciones.
Y la renovada ley también se enfila hacia la población de los temporeros, ya asentada ya en territorio español, que trabajan en el campo durante las cosechas y provienen tradicionalmente de África y América Latina, en ese orden. Nada más en 2020, con los efectos de la pandemia vivos, el país requería con urgencia de 80 mil de ellos. Ahora la ley facilita su ingreso y también su salida, en vista de que lo suyo no tiene carácter permanente. Así, podrán vincularse mediante un contrato que les permita trabajar nueve meses por año. Será, en principio, un compromiso a cuatro años, extensibles a ocho.
Pero la norma va más allá de legalizar inmigrantes ya afincados en el país. También busca atraer al menos a tres grupos de personas que no han necesariamente residido en el territorio español. Uno compuesto por aquellos que quieran calificar para lo que se llama Ocupaciones de Difícil Cobertura, ítem que se ajustará trimestralmente a los requerimientos del mercado. Otro tiene que ver con facilitar la reagrupación familiar, que amplía ese espectro más allá del círculo más cercano, a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Y un tercero que convoca a emprendedores interesados en crear empresa, incluidos nómadas digitales, para lo cual deberán presentar para aprobación un plan de negocio que incluye inversiones, no necesariamente cuantiosas.
