El gobierno español redujo notablemente sus ambiciones económicas para 2022 por el impacto de la guerra en Ucrania, que ha impulsado la escalada de la inflación y una caída del poder adquisitivo de los hogares.
Dentro de su “programa de estabilidad”, enviado este viernes a la Comisión Europea, el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez redujo del 7% al 4,3% su previsión de crecimiento para este año.
Este nuevo objetivo es inferior a las previsiones del Banco de España (+4,5%) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que espera un alza del 4,8% del Producto Interior Bruto.
El gobierno ha querido aplicar un “principio de máxima prudencia”, debido a la “intensa incertidumbre generada por la guerra” en Ucrania, subrayó la ministra de Economía, Nadia Calviño, en rueda de prensa.
La economía española sigue “sólida”, pero “la agresión” de Rusia “contra Ucrania está teniendo importantes efectos económicos y sociales que están afectando a todos los países europeos”, y que deben tomarse en cuenta, añadió.
En los últimos días, Calviño ya había anticipado que el gobierno reduciría significativamente su previsión de crecimiento para 2022, para situarse en línea con las proyecciones de los principales organismos económicos.
La ministra decidió, sin embargo, esperar a que se publicara más temprano la cifra de crecimiento del primer trimestre para anunciar la dimensión de este descenso.
Según una primera estimación publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB de España progresó solo un 0,3% en los tres primeros meses del año, lastrado por el frenazo del consumo de los hogares (-2,7%).
Esta cifra, en claro descenso respecto al crecimiento registrado en el último trimestre de 2021 (+2,2%), es “muy débil” y no da “motivos para el optimismo”, indica a la AFP Rafael Pampillon, profesor en la IE Business School de Madrid.
En pocos meses, el clima económico “ha cambiado mucho”, por lo que “el crecimiento de la economía española podría ser incluso inferior a ese 4,3% del gobierno”, agrega.
Zona de turbulencias
Golpeado con dureza por la crisis del covid-19, el PIB español se desplomó un 10,8% en 2020. Desde entonces, la actividad económica había logrado levantarse, pero a un ritmo más lento de lo previsto por el ejecutivo.
Tras registrar el año pasado un crecimiento del 5,1% -en vez del 6,5% previsto-, España no alcanzará su nivel de actividad anterior a la pandemia antes del tercer trimestre de 2023, según el Banco de España.
Esto se debe, principalmente, a la alta inflación, que se encuentra entre las más elevadas de la zona euro. El índice se situó en abril en el 8,4% -en una leve retracción tras alcanzar el 9,8% en marzo, un récord en 37 años- frente al 6,2% en Italia y el 4,8% en Francia.
Según el Banco de España, la inflación debe situarse en un 7,5% de media este año, pese la desaceleración gradual que debe experimentarse en los próximos meses. El ejecutivo, de su lado, no ha publicado su proyección, aunque también espera una clara retracción de aquí a 2023.
Este escenario preocupa al gobierno de Sánchez, que enfrentó en las últimas semanas una serie de movimientos sociales derivados, especialmente, del elevado coste de la energía.
“La inflación se está comiendo el poder adquisitivo de la gente porque los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios”, destaca Rafael Pampillon. “Eso hace que muchos ciudadanos pierdan la paciencia”, agrega.
Para atenuar los efectos de esta crisis, el gobierno consiguió aprobar el jueves un paquete de medidas contra la crisis de 6.000 millones de euros (unos 6.580 millones de dólares), que comprende subvenciones a los carburantes, bajadas de impuestos y un alza del 15% del ingreso mínimo vital.
De acuerdo a la agencia de calificación Moody’s, es probable que estas medidas “mantengan la demanda doméstica y el crecimiento económico este año”. Pero “podrían presionar la posición fiscal del gobierno si se prolongan a la segunda mitad del año”, según valoró.
Pese a la degradación de la situación económica, Madrid mantuvo sin cambios este viernes su previsión de déficit público para 2022, al 5% del PIB. La deuda pública, de su lado, se espera ahora del 115,2% del PIB, frente al 115,1% estimado antes.
