AFP. El Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe para la defensa de los ecologistas, quedó en suspenso en Colombia luego de que el Congreso lo archivara por exceder los tiempos para su ratificación.
El texto volverá a manos del gobierno conservador de Iván Duque para destrabar su trámite en el legislativo, en el país más peligroso del mundo para los activistas medioambientales.
Duque firmó en diciembre de 2019 con carácter de “urgencia” este pacto regional y el Congreso tenía hasta el domingo para ratificarlo, luego de casi un año de debates y dilaciones denunciadas por senadores opositores. Los legisladores no fueron citados para discutir el tema ese día y el acuerdo quedó archivado.
“El presidente Iván Duque, su Gobierno y sus bancadas en el Congreso de la República obstruyeron objetivamente la ratificación de este importante acuerdo”, dijo el senador de izquierda Iván Cepeda, que aseguró que se quejará ante la ONU.
El balón quedó de nuevo en manos del mandatario, el único avalado para presentar iniciativas legislativas que ratifiquen compromisos internacionales, de acuerdo a analistas consultados por AFP.
“La ratificación del #AcuerdoDeEscazú es una prioridad para el Gobierno del presidente @ivanDuque (…) Por eso, volveremos a presentarlo para que haga curso en el Congreso en la nueva legislatura”, indicó este lunes en Twitter el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa.
Se trata del primer pacto en establecer disposiciones específicas para proteger los derechos humanos de los defensores de la naturaleza en América Latina, donde son asesinados el 60% de los ambientalistas del mundo.
Colombia lidera el ranking con un total de 64 homicidios de activistas medioambientales en 2019, según el más reciente informe de la ONG Global Witness.
El acuerdo se adoptó en 2018 en Costa Rica y entró en vigor en abril de 2021 con la ratificación de 12 naciones que incluyen Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay, entre otras.
Países como Chile, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bahamas y Surinam no se han sumado a este acuerdo.
Indígenas, campesinos y otros activistas de la región han denunciado amenazas por enfrentarse a intereses de mineras, madereras, agronegocios, empresas eólicas, hidroeléctricas o gasoductos.
El convenio busca proteger el medioambiente y la salud de las personas, principalmente de los pueblos originarios, y también promueve la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.
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