AFP.- Dos funcionarios fueron encarcelados en Honduras tras ser acusados de sobrevalorar la compra de siete hospitales móviles para atender emergencias en casos de covid-19 y que nunca sirvieron, informaron este viernes las autoridades judiciales.
El exdirector ejecutivo y el exadministrador de la oficina de compras del gobierno, Marco Bográn y Alex Moraes respectivamente, fueron a prisión acusados de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, indicó el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla.
Ambos son procesados ahora en un tribunal anticorrupción.
Bográn y Moraes, exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras, compraron al contado tres hospitales de 91 camas cada uno y otros cuatro de 51 camas. Las transacciones ocurrieron el 19 de marzo y 2 de abril de 2020, por más de 47 millones de dólares en Turquía.
Según la información fiscal, el intermediario fue Alex López, de la empresa Hospitales Móviles, con residencia en Miami, Florida.
Las compras fueron “hechas al margen de lo que establece la ley” porque se hicieron “sin garantías de calidad, cumplimiento de mantenimiento de oferta, sin plazo fijo de instalación y sin observar la garantía de pago anticipado”, pagando el 100% del costo, añadió Chinchilla.
“Los informes biomédicos son contundentes: el equipo médico no solo está sobrevalorado sino que no cumple la función de poder ser útil para pacientes de covid-19 porque tienen problemas de diseño, problemas de equipamiento, porque el equipo es vencido, usado y alguno incluso en mal estado o infuncional”, agregó el fiscal.
“Cualquier acto de corrupción es condenable, reprochable, censurable pero los cometidos en el marco de la pandemia creo que rebasan más allá la capacidad de indignación que todos los hondureños pueden tener”, subrayó Chinchilla.
Según un comunicado de la fiscalía, la contraparte en la operación, Alex López, de nacionalidad guatemalteca, “habría obtenido utilidades superiores a los 20 millones de dólares” en una intermediación financiera para la adquisición de los hospitales que “no reúnen las condiciones requeridas” para atender pacientes de covid-19.
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