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Caso “Esperancita”, admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En su informe de admisión, la CIDH indicó que en su estudio de fondo analizará la falta de tratamiento médico oportuno y adecuado que requería la adolescente Rosaura Almonte Hernández para salvar su vida, incluida la negativa a proveerle el aborto terapéutico. Así mismo, estudiará la falta de acceso a la justicia para su madre, Rosa Hernández, quien, representada desde 2013 por Women’s Link Worldwide, buscó infructuosamente que la justicia dominicana investigara. #RCNoticias

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Santo Domingo. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH- notificó la admisión del caso de Rosaura Almonte Hernández (“Esperancita”), adolescente de 16 años que en 2012 fue diagnosticada con leucemia y a quien, por estar embarazada, le retrasaron la quimioterapia que requería para salvar su vida. Como consecuencia de la falta de tratamiento oportuno y adecuado, Rosaura falleció.

Al recibir la noticia, Rosa Hernández, madre de Rosaura Almonte (“Esperancita”) afirmó: “ya que la justicia de mi país no ha hecho nada, esta noticia me da esperanzas. Siento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias y me va a dar una respuesta contundente. No solo para intentar aliviar el dolor que me acompaña desde hace casi ocho años por la pérdida de mi hija, sino por todas las mujeres de este país que mueren porque no les dan el tratamiento médico que necesitan para salvar sus vidas”. 

Women’s Link Worldwide destacó que en el informe de admisión del caso, la CIDH haya determinado que no solo analizará la violación a los derechos de Rosaura Almonte, incluida la negativa a proveerle el aborto terapéutico que necesitaba, sino que también estudiará los hechos en relación con un “contexto de discriminación estructural de género en el país, en donde uno de los elementos importantes es la falta de un marco normativo adecuado respecto de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas”

Así mismo, la CIDH analizará la falta de acceso a la justicia para Rosa Hernández, quien desde hace siete años ha buscado infructuosamente que la justicia dominicana determine qué se ha hecho mal en el caso de su hija, y se sancione a los responsables. 

Selene Soto Rodríguez, abogada de Women’s Link Worldwide, asegura que “este proceso es una oportunidad para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación para Rosa Hernández, a través del reconocimiento de las fallas de los sistemas de salud y de justicia en el caso de su hija Rosaura. Así mismo es una oportunidad para avanzar en la eliminación de la discriminación estructural que menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se traduce en la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como educación sexual, anticoncepción, atención de calidad durante el embarazo y el parto, y acceso a abortos seguros cuando se requieren para proteger la salud e integridad de las mujeres. Ninguna mujer debe morir o estar en riesgo en República Dominicana por causas asociadas con el embarazo”.

Esta decisión de la CIDH llega en un momento clave en el que el COVID-19 obliga a los gobiernos a tomar en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y niñas en la crisis actual, y les exige incorporar medidas diferenciadas para asegurar que la pandemia no exacerbe las desigualdades y vulnerabilidades existentes, incluida la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

El caso de Rosaura (“Esperancita”) en breve

Rosaura Almonte Hernández fue hospitalizada de urgencias en julio de 2012 en un centro de salud público. Le detectaron una leucemia aguda y aunque necesitaba quimioterapia para luchar por su vida, no se la iniciaron a tiempo porque estaba embarazada. Después de mes y medio de estar hospitalizada, falleció el 17 de agosto de 2012.

Desde 2013, Rosa Hernández, madre de Rosaura, y sus representantes legales de Women’s Link Worldwide, habían buscado infructuosamente que la justicia dominicana investigara qué se había hecho mal en el caso de su hija y sancionara a los responsables. Ante la falta de respuesta, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2017. Casi tres años después, el proceso avanza con la admisión del caso. 

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