República Dominicana ha venido registrando incrementos significativos en los niveles de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas ilícitas, de acuerdo con un estudio comparativo realizado por Henri Hebrard, quien considera entre los paliativos a la problemática el control más efectivo de los alcoholes ilegales que circulan en el país y revisar los niveles la estructura tributaria, en víspera de la anunciada reforma fiscal, para establecer impuestos menos lesivos a esta industria.
El economista tomó en cuenta las estadísticas más recientes publicadas por la firma Euromonitor, las cuales indican que al cierre de 2019 el porcentaje de consumo de alcohol no regulado en el país se encontraba en un 30.8%, duplicando la cifra publicada por la misma organización en 2011, que indicaba un 15.7% de incidencia de este tipo de productos.
Hebrard favorece los cálculos presentados por Euromonitor, los cuales colocan a República Dominicana entre los países de la región con mayor presencia del comercio ilícito de alcoholes, por encima de países como Colombia, Honduras, Ecuador, Perú y Bolivia. Sin embargo, asegura que hasta que se puedan tener mecanismos de medición más precisos para cuantificar la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas no reguladas, no se sabrá con exactitud en qué posición se encuentra el país a nivel regional.
En la comparativa realizada por el economista, menciona las estimaciones de Euromonitor que indican que en 2016 el valor comercial del alcohol ilícito en el país fue de US$547 millones. Mientras tanto, en el mismo año las pérdidas fiscales por este concepto ascendieron a los US$260 millones. Dentro de estas cifras, el contrabando representaba el 71.4% del valor comercial del ilícito (unos US$390.7 millones) y un 67.3% de la pérdida fiscal total resultante (US$175.4 millones).
Sin embargo, en 2019, las estimaciones corregidas arrojan un valor comercial del alcohol ilícito de US$367.5 millones (o sea, un 32.8% por debajo del valor calculado para 2016), con pérdidas fiscales para el mismo periodo de US$179.3 millones (un 31.0% por debajo del valor calculado para 2016), lo que indicaría niveles menos altos de alcohol ilícito.
Hebrard cita también los datos ofrecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que en un reporte de 2020 refiere que en 2016 el nivel de consumo de ilícitos en el país se situaba en un 18.6% del consumo total, equivalentes a 1.3 litros al año de bebidas ilícitas frente a 5.7 litros al año de bebidas lícitas, siendo los sectores de más bajo ingreso y mayor vulnerabilidad socioeconómica los más relacionados con la ingesta de ilícitos.
El economista considera que “debemos tener muy presente la experiencia de otros países, viendo como los estados que han logrado implementar controles más efectivos sobre el mercado del etanol, sea este de producción local o importado, son los que han mostrado mayor éxito en reducir sus niveles de ilícito”.
Asimismo explicó que la falta de conocimiento de la población sobre esta problemática y los riesgos asociados a su consumo, más la alta carga tributaria, la cultura de informalidad que desconoce el producto o entiende socialmente aceptable el producto ilícito, la diferencia de precios entre lo lícito y lo ilícito, y la ausencia de un régimen de consecuencia debido a la falta del reglamento de aplicación de la Ley 17-19 sobre la erradicación del comercio ilícito, representan los principales alicientes para esta industria clandestina.
Hebrard invita a aprovechar el anunciado pacto fiscal para hacer una revisión de la estructura tributaria de las bebidas con base de alcohol, también como forma de frenar los incentivos a la evasión y al contrabando. “Con un nuevo pacto fiscal a la vuelta de la esquina, estamos ante una oportunidad única para revisar si el actual esquema tributario que afecta las bebidas alcohólicas es el más pertinente, tomando en consideración que los altos impuestos terminan siendo caldo de cultivo y se convierten luego en el margen de ganancia para quienes cometen los ilícitos”, indica.
Entre sus propuestas, Hebrard plantea implementar una metodología más coherente y compartida para la medición de los distintos tipos de ilícitos y llama a desarrollar nuevos mecanismos de control y trazabilidad del comercio de alcohol etílico y de otros alcoholes, tanto para el importado como para el de producción nacional. De esta forma, concluye, se desincentivarán las actuales puertas de entrada desde otras islas del Caribe o desde el vecino país de Haití, y así cerrar el camino al “contrabando interno” de alcohol.
