La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que abrió la posibilidad de que entren en la competencia electoral candidatos independientes en las próximas elecciones, sigue generando preocupación no solo dentro de los partidos políticos, sino en muchos sectores por las implicaciones que esto podría desatar si cualquier persona sin ningún control puede optar por una candidatura.
El abogado Erick Hernández, especialista en Derecho Constitucional y coordinador general de Participación Ciudadana, explicó que el tribunal actuó en respuesta a una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos mencionados.
“El Tribunal Constitucional ha sido apoderado por una acción directa en inconstitucionalidad… y en su sentencia decidió no limitarse a conocer la constitucionalidad o no de la ley, sino entrar en el ámbito de sus competencias que da la ley sobre procedimientos constitucionales”, detalló durante su participación en el programa radial Esto No Tiene Nombre.
Entre los requisitos establecidos por la sentencia para las candidaturas independientes, Hernández mencionó que es necesario presentar un programa de gobierno y recabar el 2% de las firmas del padrón electoral correspondiente. “En la actualidad estamos hablando de más de 90,000 firmas que deben de ser recabadas para poder cumplir con los requisitos de presentarse a las elecciones”, señaló.
Sin embargo, este fallo también ha generado preocupación en algunos sectores debido a su posible impacto en la estabilidad del sistema electoral. Hernández destacó que, si bien el derecho fundamental de ser elegido es incuestionable, el Tribunal se adentró en temas reservados a leyes orgánicas, lo que ha sido criticado por partidos políticos y algunos magistrados. “El punto de discusión… es sobre la pertinencia o no de que el Tribunal Constitucional esté abordando leyes orgánicas que llevan a un procedimiento más riguroso y más reforzado ante el Congreso Nacional”, afirmó.
Además, subrayó que estas candidaturas no gozarán de ciertos beneficios asignados a los partidos políticos, como el acceso a fondos públicos. “El Tribunal Constitucional declara de manera expresa que este tipo de candidaturas… no se beneficia de las otras ventajas que tienen los partidos políticos”, indicó.
La regulación de estas nuevas disposiciones recae ahora en la Junta Central Electoral, que deberá emitir resoluciones para garantizar el control y la igualdad de condiciones en el proceso electoral. Según Hernández, esto incluye ajustar las exigencias para los candidatos independientes y establecer mecanismos para su supervisión.
La discusión sobre el alcance y las implicaciones de este fallo continúa, mientras sectores políticos y sociales evalúan su impacto en el panorama electoral dominicano.
