Cuatro azafatas han aceptado cargos de contrabando de millones de dólares en dinero de drogas desde Estados Unidos hacia la República Dominicana, aprovechando su estatus en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para eludir los controles de seguridad.
Las acusadas, que trabajaban para una aerolínea de vuelos comerciales, utilizaron su acceso privilegiado para facilitar el traslado de efectivo obtenido de actividades ilícitas, lo que ha desatado una investigación más amplia sobre la infiltración del narcotráfico en el sector aéreo.
