Santo Domingo.- El abogado Francisco Álvarez colgó en su cuenta X que tras el lamentable suceso ocurrido en La Victoria, es imperativo reanudar el diálogo sobre el sistema penitenciario.
De igual manera, Álvarez expresó, que en 2022, el Magistrado Henry Molina abordó la gestión penitenciaria como un tema necesitado de discusión en el Congreso, orientado a que, al ser administrado por la Procuraduría de la República Dominicana (art. 169 CD P.II) y su Gabinete de Asuntos Penitenciarios y hay choques importantes que deben ser revisados.
Así mismo, el jurista Álvarez indicó, que en el momento crucial perdió impulso cuando prácticamente todos los esfuerzos se desvanecieron en el agujero negro de las reformas: el CES.
“Un ejemplo de esto: el Proyecto de Ley del Ministerio de Justicia. En su artículo 31 proponía crear el “Sistema Penitenciario y Correccional” y en el artículo 40 la “Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales”. Se hicieron muchísimas reuniones de discusión, aportes geniales de distintas asociaciones, voces respetadas prestaron su tiempo y experiencia para depurar las variables y, al final, tenemos años sin saber del proyecto o su contenido.”
“La recurrencia de una depresión sistémica en la gestión penitenciaria ha quedado evidenciada en los informes de la defensoría pública, dirigida por Rodolfo Valentin mostrando un deterioro sostenido por la oficina Nacional de la Defensa Pública.” Indicó el defensor, Álvarez.
Por último, el legista Álvarez puntualizó que las principales críticas son siempre las mismas:
(i) Visibilidad de los reclusos, ignorados históricamente. No podemos fingir un país de avances, cuando se ahogan en sus desechos, no reciben alimentación digna ni salud adecuada;
(ii) Necesidad de retirar de la PGR la gestión penitenciaria. Cargar con tantas responsabilidades a una sola institución es condenarla al fracaso;
(iii) Población preventiva que supera el 60%. Se deben crear recintos especializados para esta demografía + adaptarlos a la naturaleza misma de su estado frente a la justicia;
(iv) Datos abiertos. Necesitamos estadísticas actualizadas de la población penitenciaria con filtros útiles. Así, los jueces podrán elegir los centros con información actualizada (y nuestras autoridades sientan verguenza);
(v) La levedad de la solicitud/imposición de la prisión preventiva, como no se ha logrado – con conciencia – disminuir, requiere probablemente una discusión en el foro legislativo.
Si evaluamos las estadísticas levantadas por la oficina nacional de defensa pública, en 2023 la Página Nacional de la Defensa Pública el 32% de los casos resueltos son producto de la declaratoria de extinción de la acción penal, el 22% por descargos, el 17% por autos de no ha lugar y el 13% archivos definitivos.
Si contrastamos esto con que el 34% de las medidas de coerción impuestas fue prisión preventiva, y que, en los casos resueltos por mecanismos alternos, el 53% aplicó una suspensión condicional, el 40% un criterio de oportunidad y el 7% conciliación, es evidente que los datos arrojan una necesaria reconfiguración integral del sistema punitivo dominicano
