COMTEC solicita reforzamiento de seguridad y verificación por parte de las autoridades, así como severas sanciones judiciales a quienes realizan esta actividad ilícita.
Santo Domingo. La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC) expresó su preocupación por la alta incidencia del robo de componentes de cobre de las redes de comunicación, el cual ascendió a cerca de 35,000 usuarios durante el período enero-septiembre 2021. Esta actividad ilícita genera pérdidas económicas significativas, para los consumidores particulares y del segmento de negocios, como para las prestadoras de servicios.
La directora ejecutiva de la entidad, Claudia García, señaló que la afectación de los servicios de telefonía e internet impacta a los usuarios no solo en términos económicos, sino en sus actividades personales, laborales y académicas, así como a los sistemas de seguridad de empresas y residencias. Como consecuencia, se imposibilita el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia y de alarmas; se pierde la capacidad de recibir o enviar alertas y la capacidad de comunicación por medio de la línea telefónica, además de que las alarmas pueden perder gran parte de sus funciones automatizadas de notificación de alertas, monitoreo remoto o comunicación con la central de monitoreo.
Asimismo, la titular de COMTEC indicó que esta práctica representa una significativa inversión no planificada para las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, con costos que ascienden a RD$49,116,009.69 para las dos principales compañías prestadoras de servicios de telecomunicaciones para el período enero-septiembre 2021, los cuales incluyen reposición de los activos sustraídos, gastos en seguridad y procesos legales. Estos costos afectan negativamente el presupuesto para crecimiento de ese segmento en el país.
García indicó que los robos se perpetran con la finalidad de vender los cables de cobre como chatarra o metal reciclado en el mercado ilegal, a precios irrisorios, y en la mayoría de los casos son orquestados por bandas organizadas, cuyo fin último es procesar el metal y prepararlo para su exportación a otros mercados en los cuales se vende de forma irregular. La situación se agrava cuando confunden los cables de cobre con los cables de fibra óptica o híbrido de fibra-coaxial, teniendo como consecuencia la afectación de servicio a más 10,000 usuarios a septiembre del presente año.
La entidad ha abogado por el reforzamiento de las medidas de seguridad y verificación en los diferentes puntos de control para frenar las actividades de minoristas que se dedican a comprar los cables que han sido robados a las empresas de telecomunicaciones y eléctricas para quemarlos y eliminar la identificación de su procedencia y luego venderlo a empresas de acopio que los exportan. Asimismo, ha pedido el recrudecimiento de las sanciones judiciales a quienes se dedican a esta actividad ilícita.
Según apuntó la ejecutiva de COMTEC, los representantes de las empresas miembro sostuvieron un encuentro el pasado mes de septiembre con el equipo técnico de la Dirección General de Aduanas a los fines de solicitar su oportuna intervención en la solución de la problemática.
Durante esta reunión se planteó la necesidad de ejecutar un plan de acción que contemple, entre otras medidas, la suspensión de los embarques de cobre que no cumplan con todos los requerimientos de la Ley 110-13 y su reglamento de aplicación; la revisión de los procesos y controles aduanales que deben agotarse para la exportación de cobre; el despliegue de campañas de concienciación sobre esta práctica y su efecto en el desarrollo de las actividades productivas y el bienestar general de los dominicanos. Asimismo, la planificación y ejecución de operativos conjuntos entre las distintas entidades con facultad legal para intervenir en estos casos, como el Indotel, la Policía Nacional y la Procuraduría Fiscal, a los fines de desmantelar las bandas que se dedican a la compra y venta ilegal de cobre.
La representante de COMTEC también destacó la necesidad de reforzar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 110- 13 para el comercio y la exportación de desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos, chatarras y desechos de cobre y aluminio, a los fines de que las exportaciones de cobre cumplan con los requisitos establecidos para la comercialización y exportación del metal que garantizan que su adquisición es el resultado de transacciones legales.
A esta problemática se suma el robo de combustibles y baterías de las celdas de comunicación, que en el período enero-octubre de este año representa RD$10.3 millones en 151 incidentes. Este monto agregado al correspondiente al hurto de componentes de cobre genera pérdidas totales que asciende a los RD$59.4 millones.