El pasado miércoles 17 de mayo tuvo lugar en el hotel Radisson un diálogo entre las autoridades sanitarias y la sociedad civil al respecto de la salud de las personas que utilizan drogas. En el evento, destacados panelistas de República Dominicana, México, Puerto Rico y España presentaron la aplastante evidencia a favor de los servicios de reducción de riesgos y daños para las personas que usan droga y de un entorno legal que posibilite un enfoque de salud y de justicia social.
La magistrada Kenya Romero habló de la experiencia del tratamiento bajo supervisión judicial y de cómo su equipo trabaja para abordar a la persona sin estigmatizar y sin revictimizar, destacando la importancia de ver a la persona y no solo al conflicto.
El tema del estigma fue abordado también por el PhD Luis Román, de Intercambios Puerto Rico, también recalcó que el estigma no permite la dignidad en el tratamiento y que fundamentar los enfoques de abordaje en la moralidad propicia la muerte prematura de muchas personas.
Begoña Gómez del Campo, quien trabajó en UNODC en República Dominicana hasta hace unos años, destacó como los enfoques represivos y las legislaciones punitivas suponen una barrera a la atención sanitaria que lleva a la muerte de muchas personas e hizo un llamado a la toma de decisiones basada en la ciencia y no en la ideología, “lo que hace vulnerables a las personas que usan droga no es el uso de drogas en sí, sino la falta de estrategias de reducción de daños, las cuales están en línea con los convenios de derechos humanos y los compromisos asumidos por el país ante la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) en 2016.”
En esa línea, Josep Rovira, de ABD Barcelona, presentó los servicios de reducción de daños que llevan implementando con éxito desde los años 90, y el PhD. Luis Román hizo énfasis en que el tratamiento basado en abstinencia y llevado a cabo en comunidades terapéuticas no responde a los estándares de cuidados basados en evidencia científica y derechos humanos.
Sin embargo, existen modelos ambulatorios y enfoques de reducción de daños que han probado su efectividad en otros países, y recalcó que la abstinencia, aunque es una meta deseable, no es la única meta y puede no ser la meta adecuada para todas las personas.
Además, el Dr. Alvarado, director de la Clínica PITIRRE en Puerto Rico, enfatizó que es necesario salir a buscar a las personas a las comunidades y ofrecerles otro tipo de servicios para iniciar un acercamiento y construir una confianza que luego permita que la persona pida la ayuda que necesita, a su tiempo.
A menudo el argumento para no realizar estas intervenciones es económico, sin embargo, la Dra. Carmen Albizu de la Universidad de Puerto Rico, resaltó que este tipo de enfoques de control de la demanda, ahorran más dinero y son más efectivos que el control de la oferta de drogas, es decir, que las redadas o controles en aduana.
Sin embargo, en nuestro país estos servicios siguen estando sud-financiados, como expresó la licenciada Kirsi Guerra, del Centro de Atención Integral a las dependencias (CAIDEP), quien presentó los servicios que ofrece el centro e hizo un llamamiento a la ampliación del espacio físico y los recursos, ya que no dan abasto para atender toda la demanda, al igual que resaltó la necesidad de incluir los servicios de salud mental dentro de la cobertura de los seguros de salud.
Varios panelistas junto con la representante del PNUD destacaron el impacto que la falta de datos tiene en la toma de decisiones. El Dr. Fernando Díaz, del COIN, presentó datos de EEUU sobre las condiciones de salud más comunes según el momento de vida y la sustancia de consumo, y destacó que no contamos con esos datos en el país, lo que hace que los profesionales de la salud atiendan basándose en lo que creen y no a la evidencia. El evento contó con la participación de la sociedad civil con CANNARED y el grupo Resiliencia Comunitaria en representación de las personas que usan drogas.
Juan Javier Rojas, de Resiliencia Comunitaria, hizo énfasis en la necesidad de apoyar los servicios comunitarios desde las instituciones estatales, y de incluir a los miembros de la población en la toma de decisiones y la definición de políticas, ya que ellos son los que conocen la realidad que viven las personas que utilizan drogas y quieren ser visibles y que se escuchen sus opiniones y propuestas para construir juntos una mejor respuesta a las necesidades de las personas que usan drogas.
El Sr. Santo Rosario, director ejecutivo del COIN, cerró el evento con un llamado a la colaboración interinstitucional y celebrando la participación de las distintas instancias presentes en el diálogo.
Este evento organizado por el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) contó con la participación del Consejo Nacional del VIH/SIDA (CONAVIHSIDA), El Centro de Atención Integral a las Dependencias (CAIDEP), el Programa de Nacional de Control de Tuberculosis y la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Dirección de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS), el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Observatorio de DDHH para Grupos Vulnerabilizados, CANNARED, Casa Abierta, Iniciativa Comunitaria Investigación, Resiliencia Comunitaria y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
