La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) manifestó este jueves que se debe priorizar un incremento en la inversión en salud, con el fin de afrontar la pandemia del COVID19 en el país.
ADESA se refirió en estos términos durante una rueda de prensa en la que plantearon además que, las 56 organizaciones afiliadas a esa entidad, entienden que “el manejo del Gobierno a la crisis es insatisfactorio”.
A continuación, el texto integro del comunicado:
El presupuesto complementario, pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, debe priorizar un incremento sustancial en la inversión y en la calidad del gasto en salud a fin de afrontar con cierto éxito la presencia de la epidemia del nuevo coronavirus que, según la Organización Mundial de la Salud, amenaza en convertirse en endémica y por tanto tendrá una vida indefinida, que podría prolongarse durante años.
Las 56 organizaciones afiliadas a la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) entendemos que el manejo del Gobierno a esta crisis es insatisfactorio.
Con el pretexto de combatirla y reducir su impacto negativo en la población, las autoridades han manejado cerca de 100 mil millones de pesos, sin que al sector salud lleguen, de manera oportuna, los recursos que se necesitan para cantar victoria frente a la epidemia. Peor aún; el país no sabe ni la cantidad ni la calidad de los recursos destinados a prevenir el contagio y curar a los enfermos de Covid-19.
Ha faltado transparencia en las compras de insumos; la rectoría de la crisis ha sido muy débil mientras que todo el enfoque se ha centrado en los aspectos clínicos, es decir, en la curación de infectados, la mayoría de ellos tratados a través de laboratorios y de centros privados pero pagados por el Estado y por las familias.
Las Unidades de Atención Primara, aunque son muy pocas las existentes, no han recibido ningún apoyo técnico y económico para implementar medidas de prevención en las comunidades. En los países de mayor éxito en la respuesta a Coronavirus se ha priorizado los centros de Atención Primaria para la prevención la educación y promoción de la salud, aplicación de pruebas para descartar y/o detectar el virus, el aislamiento físico y el seguimiento de personas infectadas o sospechosas de contagio.
El proyecto de presupuesto complementario contempla destinar a la salud solamente cerca de 8 mil millones de pesos adicionales, cifra insuficiente para proteger a la población y evitar que la epidemia siga propagándose con su secuela de muertes y contagios. Cerca del 90% de ese monto de dinero ya fue gastado en los primeros cuatro meses de presencia en el país del COVID-19.
No debe olvidarse, además, que llueven las denuncias y las evidencias del uso político partidario de la respuesta gubernamental a esta peligrosa pandemia.
Otro error de la respuesta gubernamental frente al Covid-19 es el rechazo de las autoridades a concertar recursos, esfuerzos y voluntades con las organizaciones sociales, los gremios de profesionales y técnicos de la salud, las iglesias, los partidos políticos de la oposición y hasta de las organizaciones comunitarias. Nada justifica esa actitud sectaria en un momento de crisis nacional donde la unidad de gobernantes y gobernados es más que necesaria imprescindibles.
La contribución que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil para prevenir enfermedades es muy grande y aceptada por los gobiernos democráticos en toda parte del mundo. Aquí, sin embargo, las autoridades ni siquiera escuchan a organizaciones como las agrupadas en la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), que ha ofertado su colaboración en la lucha por derrotar la epidemia.
Los legisladores tienen la oportunidad de ayudar a mitigar esta grave crisis sanitaria. Bastaría con duplicar el presupuesto de salud y condicionarlo a que su ejecución priorice la inversión en Atención Primaria, área a la que se debería invertir al menos un 33% de la inversión pública destinada a la sanidad. Que no se alegue falta de dinero, porque al Gobierno le sobra para invertirlo en otras cosas.
El país debe prepararse ante la posibilidad de un virus endémico, que llega en un momento en que el sistema de salud no solo carece de fondos sino también de planes, de liderazgo y de sentido social.
Un virus es endémico cuando su presencia es constante en una población de un área geográfica. Una infección endémica está presente en una zona de manera permanente, durante todo el año, o año tras año. Esos son los casos de la viruela, la malaria (paludismo), el dengue y el VIH-Sida.
Si el coronavirus llegó para quedarse, al menos por mucho más tiempo, el país tiene que prepararse. No basta exhortar a la población a convivir que este virus. Es necesario adoptar políticas preventivas que ayuden a reducir significativamente los contagios y las muertes que causa esta enfermedad, la cual se ha expandido por todo el territorio nacional sin mayores controles efectivos. Sus víctimas mortales ya superan a las 600 personas mientras que las infecciones se elevaron a más de 23 mil. Muchas de esas víctimas del Covid-19 pudieron evitarse. Las autoridades sanitarias advierten que estas cifras seguirán aumentando, situación altamente preocupante. De igual modo es preocupante que las autoridades no den ninguna muestra de rectificación en su respuesta ante el virus.
Es bueno recordar que el Covid-19 penetró al país y se propagó ampliamente al encontrar una población desprotegida, sin educación en salud, con poca organización comunitaria y con limitado vínculos con el sistema de sanitario público. Solamente el 8.8% de la población dominicana está vinculada a alguna unidad de Atención Primaria, dato que revela la falta de prioridades y la herrada visión de las autoridades del sector.
Es muy lamentable que nos acerquemos al sexto mes de la crisis sanitaria mundial sin que las autoridades dominicanas entiendan que la prioridad en el combate de cualquier epidemia debe ser la prevención y la promoción de la salud mediante un sistema eficiente de Atención Primaria.
Insistimos: Ha llegado el momento de reenfocar la política sanitaria del país, comenzando por incrementar la inversión pública y mejorar la calidad del gasto en salud.
