El Primer Nivel de Atención en Salud atraviesa uno de sus peores momentos según estudio

Baja inversión, escasez de personal,
deterioro y déficit de locales y débil supervisión son algunas de las
limitaciones con que operan los 1,490 centros de atención primaria

La Atención Primaria en Salud está muy
lejos de ser una prioridad en el modelo sanitario de la República
Dominicana.  Ni el enfoque del sistema ni
la inversión pública enfatizan en la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades. 

Esa es una de las  conclusiones de un estudio presentado este
lunes con el título Atención Primaria en Salud: Situación y Retos en la
República Dominicana, el cual fue auspiciado por la Alianza por el Derecho a la
Salud (ADESA), entidad que agrupa a 56 organizaciones sociales. En este evento
estuvieron presente el Ministro de Salud Pública; Rafael Sánchez Cárdenas,  Pedro Luis Castellanos, Superintendente de
Salud y Riesgos Laborales, Wilson Roa, presidente del Colegio Médico
Dominicanos (CMD), entre otras autoridades y personalidades sector salud.

La investigación parte del criterio de que
la Atención Primaria es el núcleo del sistema de salud  y forma parte integral del desarrollo
socioeconómico general de la comunidad y sus principios y valores incluyen el
derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la justicia social, la
participación comunitaria y la acción multisectorial.

“Se trata de un enfoque estratégico y
conceptual aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año
1978 y revisado y ampliado en una conferencia mundial realizada en el 2018 en
la cual los países miembros se comprometieron a garantizar a sus poblaciones el
acceso a servicios de salud integrales, con énfasis en la promoción de la vida
saludable, la prevención de enfermedades y a reducir las desigualdades en salud”,
dicen los investigadores.-

Afirman que “a 40 años de lanzada la
estrategia mundial de Atención Primaria, su implementación eficaz es una meta
inconclusa en la República Dominicana. Los denominados centros y las Unidades
de Atención Primaria  prestan servicios a
penas al 8% de la población mientras que solo el 4% del presupuesto de salud se
destina al Primer Nivel de Atención. Las victimas de estas inequidades son las
personas más pobres y marginadas”.

Para el año 2019 la asignación prevista
para los centros de atención primaria asciende a unos RD$ 3,793.3
millones.  Esta cifra representa un 9.2%
del presupuesto previsto para el Servicio Nacional de Salud y apenas un 4.6%
del presupuesto total del Ministerio de Salud Pública. Por lo que menos de 5 de
cada 100 pesos invertidos en salud son dedicados al primer nivel de atención.

Al analizar la inversión global en salud se
determinó la tendencia en los últimos 20 años de inversión pública en el sector
salud no alcanza siquiera el 2% del PIB. De hecho, la proyección oficial para
el período 2020-2022 es que se reduzca hasta el 1.7% del PIB. Estas cifras se
alejan bastante del mandato de incremento quinquenal previsto en la Estrategia
Nacional de Desarrollo, que sitúa en un 4% del PIB la inversión pública en
salud para el año fiscal 2020. Es decir, que actualmente se invierte solo la
mitad del presupuesto requerido en salud pública.

A esa pobre inversión se añade la baja
calidad del gasto estatal en salud.  Las
construcciones y equipamientos de hospitales de tercer nivel, el mantenimiento
y ampliación  de la burocracia del
Sistema Nacional de Seguridad Social  y
del Ministerio de Salud consumen gran parte de los recursos destinados al
sector.

Los servicios de Atención Primaria en
Salud  que presta el Estado son  canalizados especialmente a través de una red
de 1,490 establecimientos (Incluidos los recién edificados 40 centros de
diagnóstico clínico).  Esto significa que
el 91% de todas las infraestructuras de salud gubernamentales (1,639
establecimientos) están dedicadas exclusivamente a la Atención Primaria.

La cantidad, sin embargo, es inversamente
proporcional a la  inversión y  a  la
calidad de los servicios, afirman los autores de la investigación Rafael
Jovine, Katherine Javier, Adagel Grullón, Marisela Duval y Adalberto Grullón.

El 
estudio abarcó todo el país y se basó en dos encuestas, una a 382
coordinadores de Unidades de Atención Primaria y otra aplicada a mil 114
usuarios de los servicios. Los encuestados se escogieron  aleatoriamente en las nueve regiones de salud
del país.

La profesora Marisela Duval, quien presentó
las conclusiones de la investigación, dijo que el Estado Dominicano ha
descuidado su responsabilidad de ser garante del Derecho a la Salud.

“Millones de dominicanas y dominicanos son
víctimas de la denegación de ese derecho debido a barreras económicas, sociales,
de género, geográficas y de otras índoles, que no están siendo enfrentadas
adecuadamente por las instituciones públicas” puntualizó.

La ampliación del Seguro Familiar de Salud
(SFS)  a cerca de tres cuarta parte de la
población dominicana no se ha traducido en acceso de las familias a servicios
sanitarios de calidad proporcionados de manera oportuna. 

Agrega la investigación que la Atención
Primaria como puerta de entrada al SFS es otra meta pendiente de alcanzar.
“Aunque la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) trabaja
para su puesta en vigencia, existen intereses y otros obstáculos muy difíciles
de vencer en una coyuntura electoral como la que vive el país”.

La reforma del sistema de salud, que
comenzó hace cerca de 20 años, fraccionó y debilitó la capacidad del Estado
para diseñar e implementar políticas públicas de salud y le restó capacidad de
rectoría.

“Esa reforma abrió las puertas a un jugoso
mercado privado de la salud, cada vez más fuerte, en el que la población
desposeída y de bajos ingresos ha resultado altamente perjudicada” dicen los
investigadores.

El gasto de bolsillo supera el 45% del
costo de los servicios, adicional el pago del Seguro Familiar de Salud por
parte de los trabajadores y sus empleadores.

La política de privatización  y mercantilización de los servicios de salud,
impulsada desde el Estado a partir del año 2001, arroja resultados negativos
para la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas: encarecimiento de la
medicina y de las atenciones especializadas, deterioro de los servicios en los
centros públicos, exclusión social en perjuicio de la población más pobres y aumento
de la burocracia estatal.

En cuanto a la construcción de 40 centros
de diagnósticos clínicos en igual número de municipios el estudio determinó
que  aunque no se obedeció a un plan
estratégico, éstos  pueden convertirse en
instrumentos de empuje de la Atención Primaria, siempre que se complete el
nombramiento de personal competente, se doten de los equipos necesarios y se
establezca una gerencia eficiente, transparente, y sin injerencia partidaria.

El grupo de investigación  hace seis recomendaciones, que abarcan hacer
un pacto político y social por el derecho a la salud en el que los firmantes se
comprometan a incluir este tema en la agenda de prioridades del país. También
proponen incrementar  el presupuesto a un
5% del Producto Interno Bruto y mejorar sustancialmente la calidad del gasto en
salud. El 33% de la inversión de salud debe destinarse a la Atención Primaria.