Reforma fiscal debe construirse con consenso y legitimidad rumbo a 2028, sostiene Raúl Ovalle

Santo Domingo.— El economista Raúl Ovalle afirmó que cualquier reforma fiscal en la República Dominicana debe ser el resultado de un proceso amplio de consenso social y político, sustentado en la legitimidad institucional, y no de una imposición coyuntural, señalando el año 2028 como un punto clave para su eventual implementación.

Ovalle consideró que, aunque la reforma fiscal es necesaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, el contexto actual no es el más adecuado para introducirla, debido al deterioro de la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos. Indicó que esta pérdida de credibilidad dificulta que la población respalde cambios en la estructura tributaria.

“El momento de una reforma no se decreta, se construye. Y para eso se requiere tiempo, transparencia y acuerdos mínimos entre el Gobierno, el sector empresarial, la sociedad civil y la clase política”, sostuvo el economista durante su participación en el programa Telesistema 11.

En ese sentido, explicó que en los años posteriores a la pandemia se han registrado cerca de diez intentos de reforma fiscal en América Latina, de los cuales solo dos han tenido resultados parciales, precisamente por la falta de legitimidad y apoyo social. A su juicio, esa experiencia regional debe servir de lección para el país.

Ovalle planteó que el período previo a las elecciones de 2028 debería aprovecharse para diseñar técnicamente la reforma, generar consensos y demostrar una gestión eficiente del gasto público, especialmente mediante el fortalecimiento de la inversión pública y la reducción del gasto corriente improductivo.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno dispone de recursos suficientes para impulsar la inversión pública, citando los depósitos estatales que superan los US$2,000 millones, por lo que insistió en que el desafío central no es la falta de dinero, sino la calidad y el impacto del gasto.

Finalmente, advirtió que postergar indefinidamente la discusión fiscal podría tener consecuencias estructurales para la economía dominicana. “El tema fiscal no es una emergencia inmediata, pero si no se atiende a tiempo, puede convertirse en un problema serio para el crecimiento y la estabilidad del país”,