Santo Domingo, D.N. – Una delegación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha presentado una denuncia ante la Junta Central Electoral (JCE) en la que acusa a funcionarios del Gobierno central de utilizar recursos del Estado en favor de candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante la campaña electoral.
El PLD ha solicitado sanciones y la prohibición formal de actos inaugurales de campaña del gobierno.
En una comunicación dirigida al Lic. Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE, el PLD expone siete casos documentados de violaciones a la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LORE) en los que se señala el uso ilegal de recursos públicos en campaña.
Entre los casos mencionados se encuentran el uso de aviso de campaña para informar sobre el cambio de plástico de una tarjeta, la entrega de electrodomésticos y enseres del hogar a residentes de un distrito municipal, la distribución de materiales de construcción por parte del Plan Social de la Presidencia en apoyo a un candidato a alcalde, y la declaración de un diputado del PRM sobre la condición de recibir obras en una comunidad si su candidato a síndico resulta ganador.
Además, se denuncia la participación del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) en una venta de productos agropecuarios promovida por un candidato a alcalde, así como la presunta obligación de empleados públicos de participar en actividades proselitistas del PRM so pena de ser cancelados de sus posiciones.
El PLD solicita a la JCE que se tomen las medidas correspondientes, incluyendo sanciones, para poner fin a estas prácticas y garantizar la equidad en el proceso electoral. Asimismo, se recusa al miembro titular de la JCE, Rafael Vallejo Santelises, y se solicita la prohibición de actos inaugurales de campaña por parte del gobierno central, en cumplimiento del artículo 210 de la Ley 20-23.
La JCE deberá evaluar las pruebas presentadas por el PLD y tomar una decisión al respecto. Estas denuncias ponen de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales, así como el respeto a las leyes que rigen dichos procesos.
