La Fundación Equidad realizó la puesta en circulación del libro “Criminalización de la politica: La persecución judicial de la gestión pública”, escrito por los destacados juristas argentinos Marcos Aldazabal y Martin Haissiner, ambos expertos en derecho penal.
Asimismo se desarrolló el Panel “Criminalización de la Política del Lawfare al Fair Law”, con los autores de la obra como panelistas y moderado por el presidente de la Fundación Equidad, el destacado abogado dominicano, doctor Jose Eliseo Almanzar.
Aldazabal se desempeña en causas penales, de alta complejidad e impacto público, tanto ante la Justicia Federal como ante la Justicia Nacional. Además, brinda asesoramiento a organizaciones públicas y privadas, tanto argentinas como del extranjero y es miembro del equipo de abogados que representan a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, Haissiner, es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y profesor de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés. Fue admitido como miembro de la Barra de Abogados de Nueva York y es el director de la Sección Penal de la Federación de Colegios de Abogados.
Durante la actividad, los autores del libro, destacaron el efecto que una persecución desmedida podía producir para un sistema democrático.
Asi, por ejemplo, se refirieron a la disuasión que esto provoca para que incursiones los mejores en política o, por otro lado, el desincentivo que ello representa para las políticas públicas más osadas y arriesgadas.
Aldazabal expresó que en “Argentina hemos tenido un fenómeno los últimos 10 años en el que pasamos de que la regla de los politicos en el poder parecía ser la impunidad, a un momento de persecución sin precedentes a los grupos politicos en general, práctica que vemos, se replica en toda la región de Latinoamérica.
Lo que empezamos a advertir, es que se pasó de no hacer nada a hacer todo en exceso y que con esos excesos se generaron consecuencias para las politicas públicas, en el sentido de que se generalizó un sentimiento de persecución con fines políticos y electoralistas”.
Haissener por su lado, enfatizó que “trabajamos en una idea a futuro, de un derecho racional, que sea moderado por un poder judicial confiable, que pueda distinguir entre lo culpables y los inocentes. Hay un gran problema y es que muchas veces se demoniza la política en general y se ven como actos de corrupción cuestionen que tienen que ver con la gestión pública”.