El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó este miércoles que las autoridades continúen las “groseras e ilegales violaciones de garantías y derechos fundamentales básicos” de José Ramón Peralta, miembro del Comité Político de esa organización, y responsabilizó al “Ministerio Público y algunos miembros de la judicatura dominicana”.
En este sentido, mediante un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, dicha organización política dijo que lo denunciado por la barra de defensa de Peralta Fernández confirma lo que el PLD denunció, desde hace más de dos años sobre el accionar del Ministerio Público en los casos de investigación contra algunos dirigentes políticos de la organización, en el sentido de que las actuaciones del órgano persecutor son subjetivas y están plagadas de irregularidades procesales que vulneran los principios, derechos y garantías más elementales de cualquier ciudadano, irregularidades que en la gran mayoría de los casos han sido legalizadas por una decisión judicial complaciente dictada por presión de un Ministerio Público que difama a la judicatura si esta no accede a sus pretensiones.
Indicó que las actuaciones del órgano persecutor son “subjetivas y están plagadas de irregularidades procesales” las cuales vulneran los principios, derechos y garantías más elementales de cualquier ciudadano, irregularidades que en la gran mayoría de los casos han sido legalizadas por una “decisión judicial complaciente dictada por presión de un Ministerio Público que difama a la judicatura si esta no accede a sus pretensiones”.
El comunicado del PLD señala que es evidente que las constantes y “sensacionalistas filtraciones a la prensa de datos incompletos o cuidadosamente seleccionados, sumado a ocultar deliberadamente información relevante para la defensa de José Ramón Peralta Fernández y de otros investigados, forma parte de un guion de la judicialización de la política y la politización de la justicia en el país”.
El Partido de la Liberación Dominicana continuará reclamando el respeto al debido proceso de ley y denunciando cada abuso, cada práctica indebida y cada manipulación que lleve a cabo el Ministerio Público por sí mismo o a través de la utilización de otras instituciones del Estado de forma arbitraria como un arma política inaceptable que debilita los fundamentos de nuestro sistema democrático y de derecho.
