Por Candido Simón
Los líderes de los principales Partidos Políticos se han propuesto desafiar la autoridad de la Junta Central Electoral que por resolución les ha sancionado con una admonición o boche público por realizar campaña abierta en el período preelectoral, al margen de la ley.
Sostienen que la Junta no lleva razón porque las normas legales que los legisladores de esos mismos partidos habían aprobado en el Congreso eran inconstitucionales y fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.
Es de rigor precisar que la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos 33-18 fue anulada parcialmente porque limitaba la libertad de expresión e información través de la radio y la televisión de la propaganda para la campaña interna de los aspirantes a ser postulados por sus respectivas organizaciones políticas, mientras que autorizaba hacerlo por los medios electrónicos de comunicación y la internet.
En esencia, el bien jurídico protegido era el derecho a la igualdad de las empresas de radio y televisión a no ser discriminadas por exclusión como lo hacía la ley, no el derecho de los precandidatos a realizar campaña política antes del periodo legalmente establecido y regulado, según el voto salvado del Juez Díaz Filpo.
En tal sentido se ha expresado el Tribunal Constitucional en las dos o tres sentencias dictadas al respecto. (TC/0092/19; 0052/19 y 0441/22)
La ley no prohíbe la precampaña, la regula, lo que pone a cargo de las autoridades electorales.
Exigía y sigue vigente que la precampaña o campaña interna se realice en espacios privados aunque se difunda al público a través de los medios masivos de comunicación, no en espacios públicos como la plaza de la independencia (bandera), caminatas por las calles, carreteras y avenidas que obstruyen el tránsito, porque los ciudadanos y ciudadanas tenemos el mismo derecho que ellos a no ser perturbados mientras transitamos o contaminados con estridentes sonidos de guaguitas anunciadoras, camionetas y camiones con altoparlantes que rebasan impunemente los sesenta decibeles que manda la ley de medioambiente.
Los líderes políticos que aspiran a gobernarnos no pueden dar el mal ejemplo, retando la autoridad porque si ganan las elecciones, cuando sean autoridad carecerían de calidad para exigirnos respeto, estarían enviando el mensaje de que el valor autoridad se puede pisotear.
Le ley faculta a la autoridad electoral que es la Junta, para regular la campaña interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, sus jefes tienen que acatar la regla para que los seguidores de las bases y la gente los respeten a ellos, porque el constitucional no ha prohibido eso.
Los políticos de la oposición hacen mal con atacar el árbitro en vez de criticar el gobierno cuyo precandidato ha salido al ruedo con rigor bien posicionado.
Suelten al indio que es la flecha la que mata.
