El vicepresidente de la FNP Pelegrin Castillo planteó también la urgencia de aprobar una ley que garantice la apertura de Casas ProVidas de acogida y protección, que involucren el esfuerzo de cooperación de organizaciónes del gobierno central, las municipalidades y grupos de servicios sociales y religiosos, para minimizar la ocurrencia de hechos trágicos.
“En casos extremos, la Procuraduría General de la República y los tribunales deberían proveer a las víctimas de armas de fuego o de otro tipo para la defensa de la propia vida. Asimismo, debe contemplarse una campaña de explicación sobre el derecho a ejercer la legítima defensa de terceros que está prevista en el código penal, para garantizar mayor acción social y familiar en defensa de las victimas. Los tribunales y los fiscales deben enviar mensajes claros en este sentido, para que no siga prevaleciendo la popular idea de que “en pleitos de marido y mujer nadie debe meterse”, explicó Castillo
Castillo argumentó que viendo los resultados, es necesario sincerarse y revisar la política de prevención de violencia intrafamiliar, ya que el mero enfoque punitivo judicial, con énfasis en una visión de género, no está funcionando bien, y por el contrario termina agravando el problema que pretende combatir.
Finalmente, Pelegrin Castillo abogó por un reenfoque del tema, que ponga a la familia como el punto focal de las políticas públicas en vez del género, a la vez que analice otras variables que por lo común son soslayadas o minimizadas, como son los serios problemas de salud mental, agravados por el consumo de drogas y la promoción de valores de una cultura de la muerte que desprecia la vida humana, en especial, de las mujeres y los niños.
