El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo una aclaración sobre el planteamiento que hiciera el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que 93 compañeros del PLD están admitidos como candidatos por la Junta Central Electoral (JCE), y que a la vez son funcionarios públicos, hecho que debería ser sancionado según la oposición.
Según el documento, el hecho de que una persona que ostenta la calidad de funcionario público sea admitido como candidato a una posición de elección popular no constituye una violación a ninguna ley.
Sin embargo, reconocen que el marco legal vigente contiene regulaciones que establecen claramente limitaciones a la participación de los funcionarios públicos en actividades proselitistas y de campaña electoral. Tales como:
La disposición del párrafo uno del artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, que establece que no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular.
De igual forma, el mandato del párrafo 3 del artículo 196 de La Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, que establece que “los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato.
En este sentido, todos los compañeros, miembros del PLD y aliados, que son
funcionarios o empleados públicos y que ostentan candidaturas, se encuentran suspendidos de sus funciones desde el día en que sus candidaturas fueron admitidas por la JCE, por lo que no hay violación alguna en este sentido.
Por otro lado, el gobierno oficialista depositará un escrito formal en este sentido ante el organismo electoral, solicitando que el Pleno de la misma rechace la solicitud formulada por el PRM, por ser ésta improcedente y carente de toda base legal.
