El movimiento cívico social no partidario, deposita ante la JCE el documento Archivo Abierto, contentivo en supuesto casos de corrupción, vinculados a destacadas figuras políticas y candidaturas en las próximas elecciones.
Documento integro depositado ante el órgano electoral:
Dentro del conjunto de figuras políticas cuestionadas por sus vínculos en estos casos de corrupción, que aparecen recopiladas en esta publicación depositada ante la Junta Central Electoral, se encuentran:
• Gonzalo Castillo, exministro de Obras públicas y hoy candidato a la presidencia de la República;
• Leonel Fernández, expresidente de la República que intenta repetir en el cargo;
• José Del Castillo Saviñón, ex ministro de Industria y Comercio, candidato a senador por Barahona;
• Tommy Alberto Galán Gullón, candidato a senador por San Cristobal;
• Félix Bautista, candidato a senador por San Juan de la Maguana;
• Luis René Canaán, candidato a senador por la Provincia Hermanas Mirabal;
• Julio Cesar Valentín Jiminián, candidato a senador por Santiago; y
• Danilo Rafael Santos (Junior), candidato a Alcalde Los Alcarrizos.
Marcha Verde informó y entregó a la Junta Central Electoral las denuncias formales que ha sometido al Ministerio Público para fines de investigación, entre las cuales se refieren las siguientes:
1. Denuncia sobre la corrupción en los combustibles que involucra al exministro José Manuel Del Castillo Saviñón, quien aspira a senador por la provincia Barahona. Esta denuncia se encuentra depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional desde el 20 de febrero del 2019.
2. Denuncia sobre la corrupción en contratos para suplir asfalto que involucra al exministro Gonzalo Castillo, quien hoy aspira a la Presidencia de la República, el cual fue denunciado y sustentado con pruebas por la periodista Alicia Ortega y por el periodista Marino Zapete quien ha mostrado contratos firmados por el señor Gonzalo Castillo y la señora Maybet Virginia Rodríguez violentando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. Además, recientemente, el periodista ha mostrado las pruebas de cheques que desde la empresa representada en esos contratos se hicieron para apoyar la campaña electoral del presidente Danilo Medina.
3. Auditoría realizada por la Cámara de Cuencas y remitida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en la que se refleja una gestión irregular que malversa por millones de pesos al Ayuntamiento de Los Alcarrizos.
Marcha Verde plantea que en el presente proceso electoral 2020 la ciudadanía debe conocer que el artículo 146 de la Constitución de la República establece: “Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”; “…que será sancionada con las penas que la Ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para si o para terceros provecho económico; y que de igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados amigos o relacionados”.
Es preciso que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos electorales sobre la base del cumplimiento de las garantías de combate a la corrupción, la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos por quienes sean candidatos/as a posiciones públicas.
Marcha Verde pone en manos de la JCE y de la ciudadanía el Archivo Abierto con las denuncias de corrupción de funcionarios públicos que han sido sometidos a la justicia, pero que por la ineficiencia del sistema de justicia se mantienen sin sentencia y hoy quieren presentarse como candidatos a diferentes puestos electivos. No es posible que reconocidas personas vinculadas a casos de corrupción se promuevan en candidaturas buscando, nueva vez, garantizar su impunidad a través de las urnas.
Marcha Verde continúa denunciando la corrupción y la impunidad para los ciudadanos se edifiquen sobre los que se han robado el dinero público o han violentado la ley con prácticas de nepotismo, beneficiando a sus familiares negándoles a la población el derecho a políticas públicas y servicios de calidad en salud, educación, trabajo, vivienda.