El Partido Revolucionario Moderno (PRM), saluda el esfuerzo periodístico de calidad y objetividad realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), al dar a conocer a la sociedad dominicana los reportes de sobornos ascendentes a 39.5 millones de dólares (más de 1,900 millones de pesos), que la empresa brasileña Odebrecht distribuyó en República Dominicana, por medio de numerosas transacciones de pagos a socios locales que la empresa reportó a la Procuraduría General de la República.
De esta manera, el Partido Revolucionario Moderno ratifica lo que desde siempre ha establecido, que la obra insignia del Gobierno de Danilo Medina, la Central Hidroeléctrica Punta Catalina, además de ser un desastre medioambiental, es un desastre económico para el país y cuerpo del delito. Tomando en cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se ha mantenido en el poder mediante el uso de tácticas de un poder abusivo, lo que ha ido paulatinamente destruyendo la institucionalidad Democrática, no es sorpresa vislumbrar su estrecha vinculación con la empresa brasileña Odebrecht, cuyo caso de corrupción es el escándalo de corrupción política, corporativa y administrativa más grande en la historia de América Latina.
Por consiguiente, solicitamos la renuncia inmediata del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien nuevamente se destaca por su incompetencia al evidenciarse su manejo discrecional y antojadizo de los insumos suministrados por la Empresa brasileña Odebrecht al ministerio público, fruto del acuerdo de colaboración anunciado el 29 de mayo de 2017 entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, que tenían como objetivo el suministro al país de toda la información útil para identificar a todos los involucrados en el esquema corrupto instalado por Odebrecht en la República Dominicana, y que al día de hoy escuetamente ha sido manipulada como arma de persecución política sobre destacados ciudadanos que han hecho aportes incalculables a la institucionalidad y cultura política de nuestro país y que, sin embargo, pagan las consecuencias de adversar políticamente al oficialismo de manera frontal y responsable.
Del mismo modo, reclamamos nuestro derecho a saber y conocer la opinión oficial del gobierno con respecto al contenido de este informe, en especial el punto de vista del Presidente de la República, Danilo Medina, a quien el Vicepresidente Ejecutivo, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, señaló́ como negociador directo con la empresa Odebrecht de una supuesta “rebaja” en el costo final del proyecto de generación eléctrica “Punta Catalina”. Señor presidente, en este punto, el pueblo exige respuestas y es deber moral del presidente de la República Dominicana manifestarse con respecto a este escándalo de corrupción de escala internacional.
Con este comunicado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ratifica la coherente y firme posición que hemos venido asumiendo en el tiempo, la cual nuestros congresistas han defendido tajantemente, objetando todos los préstamos solicitados y posteriormente obtenidos por el Gobierno Dominicano, para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, quienes también han rechazado enérgicamente el modus operandi de la constructora brasileña en el país, fundamentado en base al soborno, sobrevaluaciones y financiamiento ilegal de campañas electorales, por lo que conminamos y exigimos a la justicia dominicana a presentarle al pueblo, de manera transparente, los rostros detrás de todos y cada uno de los nombres secretos utilizados y asociados a pagos específicos correspondientes a los 39.5 millones de dólares mencionados en el referido informe del ICIJ.
Como principal institución opositora condenamos firmemente cualquier manejo impune de los casos de corrupción y hacemos un llamado a la clase obrera, a las iglesias, sectores populares, a la sociedad civil, y demás fuerzas vivas y sanas de todo el pueblo Dominicano para que acompañe al Partido Revolucionario Moderno en el proceso de denuncia, seguimiento y movilización en busca de llevar a cabo lo que sea necesario para conquistar las respuestas sobre este caso de corrupción, recordando que la corrupción e impunidad nos afecta a todos los Dominicanos, pues el dinero que se pierde en corrupción impide que el Estado pueda invertir en la formulación e implementación de políticas públicas y soluciones a los problemas estructurales de nuestra nación.