El candidato presidencial independiente, Ramfis Domínguez Trujillo, reveló este jueves que destapó un nuevo escándalo de corrupción que involucra al Gobierno de Danilo Medina y el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.
Para realizar la denuncia, el aspirante a la presidencia lanzó la Comisión Anticorrupción, la cual dijo estar conformada tanto por él, como por un grupo de abogados, profesionales y ciudadanos que según afirma “están totalmente hastiados con el proceder de este Gobierno absolutamente insolente, corrupto y ladrón que pretende utilizar los mismos recursos que han usurpado, para comprar la conciencia de todo un pueblo y lograr por medio del fraude y la corrupción, quedarse en el poder”.
En este sentido, Domínguez Trujillo presentó algunos de los principales integrantes de dicha comisión: los abogados Rafael Guerrero y Rafael Helena, así como el empresario William Henríquez, quienes procedieron a exponer la primera denuncia.
Según explicó el abogado Rafael Guerrero, este caso consiste en una franca violación a ley de licitación, contratación y libre empresa de la República Dominicana; una estafa de la empresa Hytera America Inc o Hytera Dominicana SRL al Estado dominicano; y una extorsión de parte de un miembro importante del staff del Gobierno dominicano a la empresa Avelock y Hytera Inc, de la primera etapa del 9-1-1.
De acuerdo con la primera denuncia presentada por la Comisión Anticorrupción: “hubo una conspiración entre la empresa Hytera America Inc y el Estado dominicano, en la persona de José Amado Pérez, asistente de Gustavo Montalvo, quienes se asociaron para sacar a la empresa Avelock del señor William Henríquez, quien preside el consorcio Avelock-Hytera, la cual ganó la primera etapa de la licitación del 911”.
En ese sentido, también aseguraron que después de haberse conformado el Consorcio Avelock-Hytera, para llevar a cabo la ejecución de la contratación ganada mediante licitación, Amado Pérez, asistente de Montalvo y también jefe de licitación del 9-1-1, le manifestó al señor William Henríquez que estaba cansado de hacer ricos a otros y que como él era quien decidía quien ganaba la licitación, le exigió a pagar la suma de 106 millones de pesos, en efectivo y libre de impuestos, a lo cual este se negó; razón por la cual en franca violación a la ley de licitación y contratación lo sacaron de la negociación; y, sin importar la vigencia del contrato con el consorcio, se constituyó la empresa Hytera Dominicana SRL, la cual sí aceptó pagar los sobornos y con la cual siguió operando el SINAE 9-1-1.
Por este motivo, en el marco de la rueda de prensa, se presentaron las pruebas relativas al caso, las cuales se encuentran disponibles en la plataforma denominada: Corruptometro, que puede ser consultada en: http://corrupcion.ramfispresidente2020.com.
Asimismo, el candidato a la presidencia, expresó que: “En este caso tenemos que demostrarle al Gobierno y al Partido de la Liquidación Dominicana, que nosotros no vamos a tolerar la malversación de fondos, por medio de los funcionarios públicos, que se han creído amo y dueño del país y que gozan de libre albedrio para valerse de sus posiciones en el Gobierno, para obtener el enriquecimiento ilícito. En esa tesitura hemos estado ponderando, hace meses, la mejor forma de encabezar esta iniciativa porque más allá de un programa de Gobierno que logremos impulsar a partir del 16 de agosto del 2020, en un gobierno de Ramfis Domínguez Trujillo y de este gran equipo, de esta gran masa de ciudadanos, dominicanos y dominicanas que nos apoyan, hoy tenemos que poner el ejemplo, tenemos que dejar clara nuestra determinación de tomar los pasos necesarios para defender lo que queda de la economía del país”.
De igual forma, detalló que la recién conformada Comisión Anticorrupción sostendrá reuniones semanales donde realizará un trabajo “sin tregua” de investigación, de búsqueda de informaciones, de estudio de expedientes, de revisiones de casos, para empezar a someterlos todos, uno por uno, no solo en República Dominicana sino donde proceda, incluso acudiendo a los sistemas de justicia de otros países, “donde sí existe un balance y una transparencia que permita que estos casos sean procesados como dé lugar”, precisó.
