Santo Domingo. – La iniciativa política Bien Común invitó a la ciudadanía a identificar las vallas de políticos para contribuir al desmonte de las campañas políticas ilegales anunciado por la Junta Central Electoral, en cumplimiento de la recién aprobada Ley de Partidos, luego de haber sido intimada por este colectivo el pasado jueves 14 de marzo.
El movimiento llamó a fotografiar las vallas con publicidad proselitista y subirla a las redes sociales indicando la dirección donde se encuentra, mencionando las cuentas @JuntaCentral y @BienComunRD, y usando la etiqueta #CampañaIlegalRD. “Ayudemos a la Junta Central Electoral a cumplir finalmente su rol y aplicar las disposiciones legales para garantizar un proceso electoral equitativo y justo, en vez de favorecer con privilegios especiales a los políticos mañosos”, convocó.
Valoró como positiva la pronta respuesta de esta entidad reguladora, luego de que Bien Común le otorgara un plazo de quince días para detener la campaña ilegal. Hasta esta semana, la JCE se había negado a ejecutar los mandatos de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en cuanto a los tiempos de inicio de la pre campaña y en cuanto a los espacios específicos en los que los precandidatos deben colocar su publicidad.
Advirtió que, de no ser desmontadas las vallas y detenido todo tipo de publicidad ilegal con fines electorales en las dos semanas otorgadas por la JCE, exigirá de inmediato la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 78, numeral 8, de la Ley de Partidos, que ordena declarar inadmisible las candidaturas de aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial, y en el artículo 44, de la misma legislación, que manda a retener los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos que incurran en esta violación.
Expresó espera las instituciones correspondientes garanticen un proceso electoral justo y transparente, pero, aseguró, no se quedará de “brazos cruzados” confiando en que lo hagan. “No permitiremos que la oportunidad de la ciudadanía de expresar su voluntad y elegir representantes que aseguren la defensa y protección de sus principales intereses, sea limitada por el fraude y los beneficios arbitrarios a particulares”, decretó.
