La palabra corrupción es término muy utilizado en estos tiempos y su definición no es más que el abuso de poder utilizado para el beneficio propio del que lo practica. En el 2020, en la República Dominicana se dieron a conocer unos casos, de presuntos actos de corrupción, que se encuentran en el ojo del huracán que están siendo investigados y otros ya se encuentran enfrentando juicios y/o esperando sentencia.
CONSTRUCTORA ODEBRECHT Y SUS IMPLICADOS EN EL PAÍS
El 12 de septiembre de 2019 inició el juicio del caso Odebrecht en el país. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició las audiencias del juicio para determinar los cargos o no de los imputados por los 92 millones de dólares que pagó en sobornos la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana.
Luego de múltiples aplazamientos y por la misma pandemia del coronavirus a nivel mundial, se retomó el juicio, esta vez, de fondo el 21 de septiembre del 2020 contra los imputados del caso Odebrecht enviados al Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Ante el inicio de la Fase Avanzada del Plan de Continuidad de Labores del Poder Judicial, que habilita los procesos presenciales, el tribunal fijó dicha fecha acogiéndose a los plazos que establece el Código Procesal Penal en su artículo 305, así como por la necesidad de garantizar la participación de todas las partes en condiciones propicias para la salud.
Nuevamente fue aplazado para el 30 de septiembre del 2020 hasta tanto no se formalizara la inhibición de la procuradora general de la República, Mirian Germán. El Consejo Superior del Ministerio Público acogió la inhibición y designó a su primer sustituto, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballo, para todo lo relativo al proceso liderado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En una de las siguientes las audiencias del juicio de fondo el Ministerio Público planteó que el Primer Tribunal Colegiado no puede examinar el contenido de los documentos que certifican los archivos definitivos a favor de ocho exfuncionarios encartados en la primera etapa del proceso de investigación.
En ese sentido, manifestó que el tribunal no puede tener conocimiento de los archivos en virtud de que no está apoderado de un proceso para conocer sobre algún tipo de objeción sobre ellos y, por tanto, tratar de deducir sus consecuencias sobre el proceso, como pretenden los abogados de la defensa.
El Ministerio Público evitó que la audiencia fuera aplazada a solicitud de la defensa de los encartados, quienes pidieron un período de unos diez días para tener conocimiento de los documentos.
Durante la continuación del juicio, el órgano de justicia demostró que los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, aumentaron sus patrimonios familiares en el período de 2002 a 2017, producto de las actividades ilícitas en connivencia con la compañía multinacional brasileña.
El Ministerio Público cuenta con miles de pruebas documentales, materiales, testimoniales e ilustrativas, así como con actos procesales e interrogatorios para demostrar los graves hechos imputados en este caso de corrupción, incluyendo las delaciones premiadas obtenidas desde Brasil en el transcurso de la investigación.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, sugirió al tribunal que en virtud de que parte de los testigos que han ofertado son de nacionalidad brasileña, cite a un traductor judicial del portugués al español, para utilizarlo en caso de que sea necesario en esta etapa del juicio en la que se conocen las pruebas.
Fue aplazado para el lunes 21 del mes de diciembre del 2020, a los fines que el Ministerio Público presentara su primer testigo, el brasileño Mauricio Dantas Bezerra, ejecutivo de la empresa Odebrecht.
Wilson Camacho, aseguró que Mauricio Dantes, estaría en la audiencia de manera presencial o virtual. Sin embargo, según José Miguel Minier, abogado de Ángel Rondón, en caso de que Bezerra no se presente hay tres opciones: Primero que el Ministerio Público desista del testigo y se continúe, segundo; puede haber una conductancia del testigo, esto carecería de objeto ya que este no vive en el país, y como tercero que el Tribunal multe al testigo por no asistir.
Se aplazó para el viernes 8 de enero del 2021, a las 9:00 de la mañana, el juicio contra los seis imputados acusado de sobornos en el caso Odebrecht.
La suspensión de la audiciencia, en esta oportunidad, se debió a la conducencia de testigos Mauricio Dantas Bezerra y Rodrigo Maluf, además de la ausencia de Edris Manuel Javier, testigos fundamentales según el Tribunal.
En relación al fallo de los archivos definitivos en el caso, el juez de la Oficina de Atención Permanente, Alejandro Vargas, reservó para el 14 de enero la decisión sobre la solicitud que hace el Ministerio Público para incluir nueva vez a ocho imputados del caso Odebrecht, cuyos expedientes fueron archivados por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
En ese sentido, la fiscal Mirna Ortíz, representante del Ministerio Público, dijo que esperan que la decisión tomada por las pasadas autoridades sea anulada, ya que hay suficientes evidencias de que los expedientes fueron archivados de manera irregular.
CASO INAIPI
La Procuraduría General asumió la investigación de la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El órgano persecutor indaga sobre presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de licitación convocado por el (INAIPI para la adquisición de kits alimenticios durante el confinamiento del segundo trimestre de este año debido a la propagación del coronavirus.
El expresidente de la República Danilo Medina, en sus funciones, destituyó mediante el Decreto 146-20, a siete funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), luego de que se comprobara que se cometieron irregularidades durante la compra de alimentos en esa institución gubernamental.
Fueron destituidos: Juan López, sub director general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico; y Clementina Pieter, responsable de acceso a la información pública de esa entidad.
También quedaron destituidos de sus cargos Ricardo José Guzmán Domínguez, y Mayra Martínez de la Rosa, director de Operaciones y encargada del Departamento de Compras del INAIPI, respectivamente.
Por su parte, Berlinesa Franco, directora de la entidad en ese momento, renunció al cargo, al reconocer que se cometieron actos de irregularidades durante la compra de 40 mil kits de alimentación. En el lugar de Franco fue designada la licenciada Kenia Lora Abreu.
Con la llegada de Luis Abinader a la presidencia de la República, emitió el decreto 579-20, en el cual destituyó a Kenia Lora como directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), y designó a Besaída María Manuela Santana Sierra de Báez como la nueva titular de esa entidad.
Durante la pasada gestión del expresidente Medina, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, apoderó a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante un proceso de licitación realizado por la institución, durante el período de cuarentena para la adquisición de kits de alimentos.
Rodríguez ordenó realizar una exhaustiva investigación del proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, llevada por el INAIPI, a fin de determinar la existencia o no de hechos reñidos con la ley penal.
Las investigaciones siguieron su curso y fueron interrogados varios testigos para esclarecer el caso. Entre los entrevistados se encuentra el empresario Pablo Cabrera, quien acusó a la entidad de favorecer a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en $100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en $2,500 pesos.
La Fiscalía del Distrito Nacional citó para un interrogatorio a la exdirectora del INAIPI, Berlinesa Franco, tras el escándalo de supuestas irregularidades cometidas en la referida institución en proceso de compras y contrataciones, que duró nueve horas.
De acuerdo con la abogada de la exfuncionaria, el interrogatorio versó sobre inquietudes existentes en torno a versiones que han dado otros empleados de la institución que han sido interrogados sobre el caso.
Mientras que, Franco sólo se limitó a decir que “es bueno que el pueblo dominicano sepa que eso no se trata de un caso de corrupción, que es sólo una investigación”, al tiempo que expresó que prefiere esperar que el Ministerio Público concluya el proceso y emita una opinión.
Contrataciones Públicas lleva a la Pepca expedientes con presuntas irregularidades
El director general de Contrataciones (DGCP) Públicas, Carlos Pimentel, designado por el presidente Abinader depositó dos expedientes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) relacionados a presuntas irregularidades en procesos de compras del INAIPI.
Respecto a los dos expedientes sobre el INAIPI, uno de ellos refiere que en el 2016 esa institución “incurrió en violaciones a la ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene evidencia y que le costaron al Estado unos RD$208.05 millones”.
Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales, suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
El segundo expediente del INAIPI está relacionado con “irregularidades” detectadas en un proceso de contratación del 2018 que estaba destinado al suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
La DGCP asegura que el INAIPI “adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías vinculadas entre sí por montos que superan los RD$60 millones, con el argumento de que había sido un proceso transparente en el que las empresas cumplieron con los requisitos”.
Berlinesa Franco rechaza acusaciones ante la Pepca
Berlinesa Franco rechazó las acusaciones que hace la Dirección de Compras y Contrataciones en su contra, y aclaró que los presuntos actos de irregularidades no fueron cometidos en su gestión.
Emery Rodríguez, abogada defensora de la exfuncionaria, le respondió al director Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien depositó referidos expedientes ante la Pepca, uno de los cuales establece una alegada violación de los procesos de compras por un valor de RD$208.05 millones, que esta es la misma cantidad pagada en obras de infraestructura realizadas en 2016 a través de procedimientos de urgencia, cuando Franco aún no había sido designada en la institución.
Sobre el otro expediente del 2018, de alegadas irregularidades al adjudicar contratos a compañías relacionadas entre sí por montos superiores a los 60 millones de pesos, que constan en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional, la abogada Rodríguez aclaró que la institución no trabajaba con ese alimento para desayuno escolar, porque labora con niños de 45 días a 5 años de edad.
Rodríguez resaltó que esos kits que “nunca llegaron a ser adjudicados ni pagados”, y aclaró que estos no estaban sobrevaluados porque los 2,500 pesos por cada uno tenían un análisis de costo previo que incluía la distribución y empaque a nivel nacional.
En tanto, enfatizó sobre el monto de los 100 millones de pesos que costarían nunca se manejó durante la gestión de Franco, pues este llegó el 9 de abril después de que ella ya no estaba en ese proceso, y no esa cantidad, sino RD$150 millones.
Otros argumentos
La exdirectora de Compras y Contrataciones, Yokasta Guzmán, acudió ante la Pepca, para ser interrogada sobre el proceso de licitación en el INAIPI, durante la pandemia, y a su llegada dijo que cada institución es responsable de su proceso.
Berlinesa Franco en un comunicando aseguró que ese proceso contó con el acompañamiento de la Dirección de Compras y Contrataciones.
Mientras que Guzmán, a través de su abogado Carlos Balcacer, dijo que Berlinesa ocultó información durante un interrogatorio además que borró evidencias para involucrarla en el expediente de corrupción que investiga la Pepca.
Por su parte, Berlinesa Franco, rechazó las declaraciones realizadas por Yokasta Guzmán junto a su abogado y expresó que en ese proceso de licitación tuvo el acompañamiento técnico de la Dirección General de Compras y Contrataciones desde el inicio del proceso hasta la suspensión en fecha 6 de abril del 2020.
Posteriormente, en fecha 8 de abril del año 2020, el comité de compras y contrataciones del INAIPI iba a proceder a la cancelación del proceso de licitación acogiéndose al decreto 144- 20, y por mandato de la comisión creada por el Poder Ejecutivo de la cual Yokasta Guzmán formaba parte, la misma decidió enviar al INAIPI el acta de cancelación del proceso de urgencia, lo cual la misma comisión no permitió que cancelara el proceso.
Yokasta Guzmán, fue interrogada por la Pepca, “sobre las compras irregulares” de 40 mil kits de medicamentos que hizo el INAIPI y aunque el encuentro se extendió por cuatro horas, su abogado aclaró que el interrogatorio sólo fue por una hora y el tiempo restante fue ocupado en la presentación de sus generales.
De acuerdo con el representante de la exfuncionaria, la Pepca le dio plazo para presentar la documentación faltante.
La exdirectora de Compra y Contrataciones Públicas y su abogado, depositaron ante la Procuraduría, un pliego de documentos que revelan compras de grado a grado realizadas por el INAIPI y otras instituciones Estatales por el orden de los 1700 millones de pesos.
La ex funcionaria fue interrogada durante tres horas por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yenny Berenice Reynoso. Luego se presentó por cuarta vez.
Aún no se ha imputado a ningún exfuncionario por el caso.
KIMBERLY TAVERAS: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL MINISTERIO DE LA JUVENTUD
El pasado 23 de julio, cuando el presidente Luis Abinader anunció, en su cuenta de Twitter, que el Ministerio de la Juventud sería ocupado por la dirigente política Kimberly Taveras Duarte, la joven dio un salto a palestra pública.
“La Ing. Kimberly Taveras (@Ktaverasd) será designada, como Ministra de la Juventud, quien con su experiencia y dinamismo, tendrá la misión de transformar este ministerio en un órgano que articule verdaderas políticas públicas para el beneficio y desarrollo de nuestros jóvenes”, tuiteó Abinader.
Fue ratificado el anuncio con el decreto n° 324 -20, donde fue designada como ministra de la Juventud a Kimberly Taveras.
Desde su llegada al ministerio, la funcionaria, como los demás funcionarios públicos, están obligados a prestar su declaración jurada durante el mes en el que fueron nombrados, según conforme a la Ley 311-14 de la Cámara de Cuentas.
Luego de que Taveras presentara su declaración jurada de bienes reveló tener un patrimonio valorado por 74 millones de pesos. Esto generó curiosidad por parte de la periodista Nuria Piera, quién la entrevistó para que esclareciera el origen de sus bienes, al cuestionarse cómo una joven de 33 años poseía tales bienes.
Taveras declaró poseer bienes valorados en 74 millones 77 mil 134 pesos. Es poseedora de tres solares obtenidos entre 2017 y 2020. Los tres suman 21 millones 800 mil pesos.
En cuanto a vehículos, la exalcaldesa de La Guáyiga declaró un Hyundai Veloster 2014, cuyo valor es de RD$632,048.48, y una yipeta Toyota 4Runner 2011, que costó RD$990,158.98.
En electrodomésticos tiene RD$795,000.00; RD$338,500.00 en muebles de alojamiento; RD$167,940.00 en muebles del hogar y RD$148,560 en equipos y aparatos audiovisuales.
La ahora exfuncionaria, cuyo nombre es Kinsberly Taveras Duarte, declaró tener cuatro cuentas bancarias, una en el Banco Popular de RD$31,700.00; otra en Banesco por RD$173,225.40 y dos del Banco de Reservas (una de RD$61,595.11 y otra de RD$102,228.65)
La Taveras tiene inversiones en tres compañías. Es accionista de Ares Imperio SRL por valor de 28 millones 171 mil 942 pesos; en el Colegio Domínico Chino SRL tiene inversiones por 17 millones 725 mil 500 pesos y 2 millones 10 mil pesos en la empresa Pack Uando Logística SRL.
Igualmente, tiene dos cuentas por cobrar a la compañía Roger Mobiliarios Urbanos, una de RD$250,365.80 y la otra por RD$207,292.40.
Taveras ha estado bajo la crítica de las redes sociales luego de que la periodista Nuria Piera publicara la entrevista, que se fundamentó en cuestionamientos a su fortuna y forma de hacer negocios.
La entrevista generó un torbellino y Taveras decidió enviar un mensaje a través de un video de cinco minutos y 45 segundos colgado en su canal de Youtube, donde aseguró que el periodismo al que ella le concedió la polémica entrevista “tergiversó hechos y manipuló una entrevista a la que se le cortó el 90% del contenido y que, lejos de tratarse sobre mi declaración jurada, se trató específicamente sobre un contrato que tenía la empresa de mi hermana mayor”.
Investigación en la PEPCA
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que Kimberly sería interrogada en calidad de investigada, ante la polémica de sus bienes.
Wilson Camacho, titular de la Pepca expresó que abrió una investigación de oficio sobre la declaración jurada de Taveras desde el mismo momento en que se produjo la denuncia ante la opinión pública que llamó la atención sobre su patrimonio.
“El Ministerio Público ha estado dando seguimiento al tema de las declaraciones juradas, ya se trate de funcionarios salientes o funcionarios entrantes, y dentro de esos casos algunos que son omisos. Hemos estado citando a algunos funcionarios para indagar sobre su patrimonio o las razones por las que no han presentado declaración jurada», dijo Camacho, según un comunicado de la Procuraduría”.
En ese mismo momento, pero más temprano, Kimberly Taveras, en su cargo como ministra, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia de sus funciones, sin disfrute de sueldo, para ponerse a disposición de la justicia.
Expresó que tomó la licencia para defender su honor y trayectoria de vida pública y privada, que con “transparencia” siempre ha llevado.
“En ese sentido reitero mi decisión de ponerme a disposición a ser sometida a una investigación exhaustiva sobre mi declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se ha hecho de manera pública contra mi reputación», sostuvo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de sus abogados”.
Tendencia en Redes Sociales
La funcionaria, mientras estaba cumpliendo con su permiso no remunerado para ser investigada, fue tendencia en las redes sociales por circular un documento de la nómina del ministerio de la Juventud, donde muestra que cobró su salario.
El Ministerio de Administración Pública (MAP) explicó que fue lícito que la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, cobrara su sueldo de 300 mil pesos en octubre luego de haber solicitado licencia sin disfrute salarial para ponerse a disposición de la justicia que investiga su declaración de sus bienes.
Según el MAP las nóminas gubernamentales se envían antes de los días 15 de cada mes para efectuarse el pago los días 25, por lo que Taveras aún estaba ejerciendo sus funciones cuando la nómina de octubre fue enviada antes de solicitar su licencia administrativa.
Renuncia al cargo
El 7 de diciembre, Kimberly Taveras anunció públicamente su renuncia al cargo de ministra de la Juventud mediante una carta dirigida al presidente de la República, Luis Abinader.
A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Kimberly Taveras expresó que decidió apartarse definitivamente del cargo de ministra de la Juventud, por las razones que en una misiva expuso.
“Al ser una joven formada políticamente, bajo la firme concepción de que las instituciones son el pilar en la que se sustenta la sociedad moderna, estoy consciente de que no puedo seguir sometiendo al ministerio a la incertidumbre administrativa actual, sin que eso lacere mis principios. En ese sentido y en aras de que mi búsqueda de justicia no perjudique la buena imagen de usted y nuestro gobierno, hoy me aparto definitivamente del cargo de Ministra de la Juventud”, expresó Taveras en la carta.
La exministra de la juventud, agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, por la oportunidad brindada. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde envió un mensaje al mandatario.
“Gracias señor Presidente @luisabinader por la oportunidad brindada. Hoy hago una pausa para defender mi honor y el de mi familia. Con ello demostrar que usted no se equivocó, al creer que una niña de mi Guáyiga y de las demás Guáyigas del país, pueden crecer y ser ministra”, expresó Taveras.
Actualmente, la ex funcionaria espera por el proceso de investigación en su contra por tráfico de influencia, debido a que sus empresas suplían a varios ayuntamientos, lo que viola la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones.
