Orlando Pérez Sánchez afirma que acuerdo migratorio con EE.UU. convierte a Ecuador en país receptor de deportados de terceros países
Por : Maria Zabala
El periodista y escritor ecuatoriano Orlando Pérez Sánchez aseguró en el programa ENTN, que el memorándum de entendimiento entre Ecuador y Estados Unidos contempla la recepción de ciudadanos de otras nacionalidades deportados desde territorio estadounidense, situación que —afirmó— ya ha generado casos similares a los que podrían implementarse en República Dominicana.
Pérez explicó que el acuerdo funciona “en doble vía”, permitiendo que Ecuador reciba tanto a ciudadanos ecuatorianos deportados como a migrantes de terceros países que no poseen nacionalidad ecuatoriana ni residencia en ese país.
Según indicó, la mayoría de esas personas llegan a ciudades como Guayaquil, pasan por un proceso de verificación migratoria y luego quedan en libertad mientras resuelven su retorno a sus países de origen.
El comunicador señaló que muchos de los migrantes deportados no enfrentan procesos penales y que, en la mayoría de los casos, familiares o allegados terminan costeando los boletos para que regresen a sus naciones.
Durante la entrevista, Pérez también denunció que ciudadanos ecuatorianos han sido enviados a terceros países lejanos, incluyendo casos recientes de deportaciones hacia la República Democrática del Congo, lo que —según afirmó— ha complicado aún más la situación de los migrantes.
Asimismo, sostuvo que en Ecuador continúa vigente un estado de excepción impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, medida que otorga mayores facultades a fuerzas policiales y militares en medio de la crisis de seguridad y narcotráfico que enfrenta el país.
En otro momento de la conversación, Pérez vinculó el cierre del proyecto minero de la empresa Goldquest en la provincia de San Juan con presuntos intereses económicos relacionados con la familia Noboa, aunque reconoció que no existen registros públicos directos sobre dichas inversiones. Según explicó, en América Latina es frecuente el uso de empresas intermediarias o testaferros para participar en proyectos mineros sin aparecer formalmente como propietarios.
