Por: Ángel Leonel Canó Rodríguez
En cuestión de una década la República Dominicana se posicionó como el país número uno en muertes relacionadas a los accidentes de tránsito, que a la fecha asciende a 67.2 muertes por cada 100,000 personas por año. Las respuestas de las autoridades han parecido intentos a ciegas para tratar de disminuir esta fatídica estadística y lograr que menos dominicanos y dominicanas pierdan la vida en nuestras calles.
Con estas probabilidades, el solo hecho de encender tu vehículo por las mañanas aumenta considerablemente el riesgo de tener un accidente y salir lesionado o perder la vida en 35%, lo que en sí mismo constituye una emergencia nacional o de salud pública. Las cifras en cuanto a los accidentes y las muertes relacionadas en la República Dominicana son perturbadoras: 1,949 muertes en 2023 con un aumento del 8% con respecto al 2022; 40% de estos se registran en la provincia La Altagracia; 86% de los fallecidos son hombres; 59% de estos accidentes son colisiones; el grupo etario más afectado son jóvenes entre 20 y 35 años; y,en la misma década, el Estado se ha gastado 130 mil millones de pesos a través del sistema de salud por esta causa. ¡La situación es grave!
El presidente de la República ha declarado de “alto interés” la seguridad vial mediante el decreto 656-24, ordenando a su vez la elaboración e implementación de un nuevo plan de seguridad vial a cargo del INTRANT. Paralelo a esto y junto a la sociedad civil ampliamente representada, se suscribió el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que pretende comprometer a todos los sectores a “la implementación de estrategias integrales para la reducción de los siniestros viales y sus trágicas secuelas en el país.”
Con este Pacto, el país y la sociedad dominicana suma un compromiso más a otros de similar naturaleza, que han sidopromovidos por la prensa, los sectores de transporte y las propias autoridades, en un intento desesperado de que mejoremos esta situación. Sin embargo, estos pactos no pueden quedarse en actos protocolares o en ideas aéreas y genéricas sobre el deber ser de la seguridad vial. Deben aterrizar a la realidad del comportamiento de los conductores que solo se cambia de dos formas: con educación y fiscalizaciónincansables.
El objeto del Pacto es ideal, sin embargo, la mayoría de estos sectores comprometidos no tendrán las herramientas correctas para implementar cambios reales en el comportamiento de los conductores que apunte a reducir considerablemente la ocurrencia de accidentes; es un elemento a cargo exclusivo del Estado. A esto sumariamos los retos del parque vehicular, donde el 49% de los vehículos supera los 17 años de antigüedad, y el 89% con más de 5 años; el aumento progresivo y sin parada del parque vehicular que crece 323 mil unidades por año; el deterioro permanente de las calles y avenidas; así como la poca o nula iluminación en las carreteras, entre otros.
El reto que enfrentamos como país es grande. Implica un abordaje desde la salud pública y seguridad nacional. Un abordaje focalizado que no pretenda abarcarlo todo a la vez, sino más bien, encaminar políticas y estrategias a esos grupos etarios para atacar las causas de los comportamientos. Enfoquémonos en la gente.
Tomará tiempo, pero es un compromiso país y todos debemos involucrarnos. No descansemos hasta que salir a las calles en nuestros vehículos de forma cotidiana sea más seguro y no represente una causa de muerte más relevante que enfermedades catastróficas o pandemias.
Conducir y transportarnos no debería representar una posibilidadde muerte permanente. Esto es inaceptable.
