Por: Nassef Perdomo
Los que antes de formarnos una opinión hemos esperado que voces capacitadas hablen sobre la propuesta de reforma fiscal podemos ya decir que estamos preocupados.
Todo parece indicar que el peso de esta será repartido de manera desigual, cargando sobre todo a las familias dominicanas, específicamente las de clase media.
Esto lo han dicho prestigiosos economistas de distintos enfoques e ideologías. Juan Ariel Jiménez, Germania Montás, Andrés Dauhajre hijo y José Luis de Ramón, quienes han sonado las alarmas con tanta contundencia que es imposible ignorarlas.
Y es que en el mundo de los economistas el condicionamiento profesional muchas veces se impone al sentido común y todo se reduce a números en una fórmula matemática.
Se olvidan de que las decisiones tomadas bajo esas condiciones tienen efectos que van más allá del impacto directo en las cuentas públicas. Es decir, olvidan la economía política.
Independientemente de cualquier consideración económica o contable, el Estado debe tomar en cuenta que una cosa es el valor económico de una medida, y otro el valor humano de aquello a lo que las familias tendrían que renunciar para cumplir lo anunciado. La vida humana, reducida a la satisfacción de las necesidades más inmediatas, es desoladora.
Cuando una familia tiene que reducir la calidad de sus alimentos, el espacio en el que vive, o sus ratos de ocio, el precio que paga no se mide en metálico, sino en calidad de vida y en satisfacción personal.
Pero, además, en esas condiciones los recortes incluyen siempre cuestiones como el acceso a servicios médicos y disminución del ahorro. Es decir, se disminuye su sentido de seguridad y su fe en poder enfrentar el futuro.
Esto afecta también la legitimidad de las medidas impuestas y del Estado que las aplicará. Sobre todo, cuando no se percibe que este se ajusta los cinturones en la misma forma en que lo exige a la población.
Tampoco parece muy prudente desmontar de golpe los incentivos que ayudan a sostener amplios sectores de la economía y que nos brindan ventajas competitivas frente a competidores internacionales.
Por suerte, ante las críticas, el gobierno ha mostrado una actitud dialogante que augura cambios profundos a lo propuesto. Esto es una señal de confianza, que genera también confianza. Esperemos que sea así.
