Por: Federico A. Jovine Rijo
Como advertimos hace siete días, el problema de Falcondo es complejo y va más allá del impago de la regalía navideña o el cese temporal de sus operaciones, lo cual es consecuencia del verdadero problema, que es la gestión de la empresa por parte del socio mayoritario (Americano Nickel) de una forma tan desconcertante como lo ha sido la actitud displicente y negligente del Estado, quien por décadas ha renunciado a ejercer un rol activo –en su calidad de accionista–, y vigilante, en su calidad de regulador, supervisor y recaudador.
Sus estados financieros auditados correspondientes a 2022 muestran una situación crítica, con una pérdida neta de RD1,192,176,311; capital de trabajo negativo de RD2,814,665,651; pérdidas acumuladas de RD10,591,499,061 y flujo de efectivo negativo por actividades de operación por RD440,961,209. Asimismo, las pérdidas trasladables totalizan RD23,800,575,392.
Mas allá de números en rojo, deudas a suplidores, pagos de interés y capital de préstamos asumidos, etc., quedan en “veremos” todos los pasivos con gran impacto social; como el laboral, el fondo de pensiones, el cierre minero y la remediación ambiental; todos ellos con un impacto político inmediato (en plena campaña electoral).
A la fecha, diversos suplidores y acreedores están iniciando procesos de cobro y ejecución que comprometerían la integridad y disponibilidad de activos esenciales para las operaciones.
¿Cómo se llegó aquí?, ¿cuáles fueron los niveles de supervisión y auditoría que ejerció el Estado en 2015, cuando Americano Nickel compró a Glencore y cuál fue el precio final de dicha transacción?, ¿cómo se fue ejecutando con los años una estructura de concentración en pocas manos de aspectos vitales de la operación? Sin ir más lejos, en 2016 Falcondo suscribió con la empresa Arrow Metals and Trading AG (radicada en el cantón de Zug, “el Mónaco de Suiza” por su condición de paraíso fiscal) un contrato de préstamo; la misma a la que vende el 100% de su producción de ferroníquel; la misma empresa que le suple el combustible de sus operaciones.
¿Investigó en su momento el Estado el posible vínculo entre Arrow y Global Special Opportunities (propietaria de Americano Nickel) y la existencia o no de vínculos cruzados y una posible estructura triangular?, ¿no hubo nadie que se percatara y levantara alarmas de que los ingresos por embarques en 2022 (RD27,402,718,403) casi coincidían con los costos de producción y ventas RD27,047,779,589)? Finalmente, ¿para qué sirve el Ministerio de Energías y Minas?
Mientras algunos sueñan con capitales frescos, o el Ministerio de Trabajo conmina a una empresa quebrada y descabezada a que pague US$ 1.3 MM de regalía navideña, el Estado debe ser activo y a tomar el control de las operaciones vía designación de un administrador judicial, porque el tiempo apremia y las deudas e incumplimientos se acumulan. En paralelo, debe diseñar y ejecutar una estrategia de “take over” bien formulada jurídicamente, no vaya ser cosa que encima nos demanden en arbitraje internacional… que dan para eso también.
