Por Juan Ariel Jiménez
El manejo de las fronteras siempre ha sido un reto mayor incluso para países desarrollados, pero en el caso de la República Dominicana y Haití se dan ciertas complejidades que dificultan más este proceso. Muy pocas islas en el mundo son compartidas por dos países, siendo nuestro caso una de esas extrañas excepciones. Adicionalmente, la desigualdad económica entre naciones vecinas es una de las más altas del mundo, lo cual genera presiones migratorias que exacerban el fenómeno de cohabitar una misma isla.
Sin embargo, el elemento que ha generado mayor dificultad en los últimos años es la inestabilidad política y el vacío de poder en Haití, lo cual deja al gobierno dominicano sin contraparte para el diálogo. Además, ante todo vacío de poder político, se fortalecen los denominados “actores no estatales” que ejercen significativa influencia sobre el acontecer de un país sin estar sujetos al ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Con estos elementos de trasfondo, en meses recientes se ha generado un problema con respecto al desvío del río Masacre, pues esta obra podría afectar el caudal del río y disminuir la disponibilidad de agua para la población y la actividad agropecuaria en las provincias fronterizas dominicanas, sobre todo del noroeste. Según las informaciones más recientes del Ministerio de Agricultura, en la zona noroeste está el 19% de las tareas agrícolas del país y el 16% de las unidades de producción pecuaria. De hecho, en productos tan importantes para la canasta familiar como el arroz, la zona noroeste representa un 28% del total de tareas sembradas en el país.
En consecuencia, el gobierno dominicano tenía que tomar medidas drásticas para proteger el interés nacional. Pero no toda acción drástica es una acción correcta, pues en relaciones internacionales hay que contrapesar el efecto de la medida con los posibles costos. En el caso particular del manejo de las relaciones con el vecino país, el predominio de los actores no estatales debe ser un elemento central en todo análisis. En ese sentido, paso a exponer brevemente cuatro opciones.
La primera alternativa es la vía diplomática, el diálogo y el arbitraje internacional, pero estas medidas son poco efectivas cuando la fuente del conflicto son actores no estatales, al no ser estos sujetos tradicionales de derecho internacional. Además, en lo que se discute el tema en los escenarios internacionales, se concluye la construcción del desvío del río Masacre.
La segunda opción es el cierre de la frontera y la prohibición del comercio transfronterizo, medida que entra en el rango de las sanciones comerciales típicamente adoptadas por países en conflicto. Este tipo de sanciones se adoptan con el fin de poner presión a los gobiernos mediante el deterioro de la actividad económica del otro país, en esperas de que el descontento de la población termine llevando al gobierno extranjero a cambiar de postura. Esta lógica explica las sanciones de Occidente a Rusia, las cuales buscan generar presión interna al gobierno ruso.
Pero estas medidas, en el mejor de los casos, debilitaría a un gobierno haitiano excesivamente frágil, lo cual fortalecería aún más a los actores no estatales que son quienes de facto controlan el país, y que por demás son los que están detrás de la obra. Además, esta medida tiene un alto costo para los sectores productivos dominicanos. Según el Banco Central, en el año 2017 se exportaron 895 millones de dólares por comercio formal y 332 millones de dólares por la vía informal, un aproximado de 3.4 millones de dólares diarios. Adicionalmente, miles de personas en las provincias fronterizas dependen económicamente del comercio en la frontera.
Una tercera alternativa es identificar los proveedores de insumos para la construcción del desvío y evaluar acciones para prohibir la venta de dichos materiales de construcción. Esta medida es usualmente adoptada por países en conflicto en lo relativo a insumos para construcción de armas militares, pero aplica la misma lógica. Esto podría ser efectivo en el corto plazo si los proveedores son dominicanos, pero eventualmente los empresarios haitianos terminarían importando insumos desde otros países.
Una cuarta alternativa, a mi entender la más efectiva, es construir de urgencia la presa de Don Miguel en la cuenca alta del río Masacre y, una vez construida, crear mecanismos de gobernanza que incluyan autoridades de ambos países y organismos internacionales, usando parámetros de la denominada “diplomacia del agua”. La Presa de Itaipú sería un ejemplo de este esquema, pues participan autoridades brasileñas y paraguayas.
De hecho, un estudio publicado en la Revista de la Asociación de Economistas Ambientales concluyó que las presas tienen 27% mayor probabilidad de estar en las cuencas altas de las fronteras internacionales en los casos de ríos compartidos.
Esta solución pudiera incluso mejorar el acceso al agua de los pobladores haitianos, acceso al que tienen legítimo derecho, ya que la gestión del agua sería acordada por los gobiernos de ambos países y no por actores no estatales que no representan los intereses de la población haitiana.
En definitiva, el manejo del conflicto por el río Masacre es un reto complicado que requiere tanto firmeza como cabeza fría.
