Santo Domingo, R.D. – Durante la última transmisión del año de Ramfis en Casa: Diálogo por el País, el presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, lanzó severas denuncias sobre el alegado fraude multimillonario en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y exigió al Presidente Abinader aclarar de inmediato si conocía, toleró o se benefició del entramado que investiga el Ministerio Público.
Domínguez-Trujillo sostuvo que la magnitud del presunto desfalco, según informaciones oficiales supera los RD$15 mil millones, aunque algunas estimaciones elevan esta cifra a los RD$100 mil millones, lo que —en su criterio— evidencia un uso profundamente irresponsable de los fondos del Estado y plantea serias dudas sobre el destino real del endeudamiento público asumido por este gobierno.
El líder del PED sostuvo que la estrecha relación de confianza entre Abinader y Hazim, hace altamente improbable que un fraude de tal magnitud ocurriera sin conocimiento del jefe del Estado. Añadió que informaciones públicas señalan que Hazim habría canalizado RD$8,500 millones a la campaña presidencial de 2020, por lo que el Presidente debe aclarar si recibió fondos de ese entorno en 2024, y el Ministerio Público determinar si recursos de SENASA fueron utilizados con fines políticos o electorales.
Domínguez-Trujillo también señaló la existencia de vínculos personales directos entre Hazim y propietarios de algunas empresas suplidoras de SENASA que, según investigaciones periodísticas y expedientes en curso, habrían participado en esquemas de sobrefacturación y pagos irregulares, y soborno, incluyendo la compañía favorecida con un contrato de RD$1,600 millones, lo que refuerza las sospechas sobre un entramado de corrupción estructurado desde el interior de la institución.
Además, Ramfis advirtió que, pese a los volúmenes extraordinarios de recursos involucrados en el alegado fraude, no se activaron los controles institucionales, ni en el gobierno ni en los órganos de supervisión financiera, incluida la Superintendencia de Bancos, como exige la ley. Añadió que algunas versiones mediáticas señalan posibles vínculos societarios entre un hermano del Superintendente de Bancos y uno de los imputados, lo que aumenta las sospechas de complicidad institucional y obliga al Ministerio Público a una investigación profunda, objetiva e independiente para esclarecer estos señalamientos.
El líder político igualmente denunció que, parte del esquema habría consistido en cargar medicamentos y tratamientos sin conocimiento de los asegurados, quienes recibían mensajes de texto que muchos descartaban creyendo se trataba de un error técnico. Como resultado, cientos de miles de dominicanos quedaron sin acceso a medicinas y procedimientos esenciales, apareciendo en el sistema como si hubieran agotado sus coberturas, y provocando interrupciones de quimioterapias, suspensión de tratamientos crónicos y hasta la muerte de ciudadanos, hechos que señaló Domínguez-Trujillo, han sido evidenciados por recientes denuncias públicas de familiares y deben ser investigados a fondo por el Ministerio Público.
Domínguez Trujillo informó que el PED conformará una Comisión de Veeduría del caso SENASA, integrada por abogados, médicos y especialistas en salud, con el objetivo de verificar el cumplimiento del marco legal, la correcta tipificación penal de los hechos imputados y dar seguimiento al accionar del Ministerio Público, conforme a la Constitución y las leyes.
Asimismo, indicó que la comisión recopilará y documentará información sobre casos de personas que presuntamente fallecieron como consecuencia del entramado, para ponerla a disposición del Ministerio Público y solicitar la evaluación de cargos de homicidio por omisión, habilitando además una plataforma web para estos fines, la cual será presentada públicamente en los próximos días.
Para Ramfis, el caso SENASA no constituye un hecho aislado, sino que se suma a numerosos señalamientos previos en otras instituciones del Estado, lo que según su parecer, evidencia incapacidad administrativa y una posible complicidad estructural del PRM, aplicando los mismos mecanismos de corrupción, encubrimiento y protección política que históricamente han caracterizado al sistema político dominicano.
Finalmente, el presidente del PED fue categórico al señalar que ninguna comisión creada a posteriori como estrategia disuasiva del gobierno puede sustituir la rendición de cuentas real ni borrar la responsabilidad política ante la envergadura de este caso que debe marcar un antes y un después en la vida política, social, y jurídica de la República Dominicana.
“Si se demuestra que el presidente conocía, toleró o se benefició directa o indirectamente de este entramado perverso, Luis Abinader debe renunciar. La República Dominicana no puede seguir gobernada bajo la sombra de un fraude que destruyó vidas y vulneró el derecho fundamental a la salud”, concluyó.
