La corrupción, esa enfermedad percibida como endémica en América Latina, parece recrudecer en un momento donde los países enfrentan una pandemia que arruina las economías y envía a millones de personas a la pobreza.
En países como Ecuador, Paraguay, México y Colombia fueron reportadas irregularidades y casos de corrupción entre marzo y abril en procesos de adquisición de ventiladores respiratorios, bolsas para cadáveres, ambulancias y diversos insumos médicos para hacerle frente a la propagación del COVID-19.
Insumos médicos que aumentaron hasta 9.000 % su precio, ventiladores que triplicaron su costo habitual, alcohol cobrado como si fuera oro y barbijos que cuadruplican su valor son algunos de los ejemplos de este ‘nuevo Odebrecht’, tal como lo denominan algunos analistas.
Mientras, el último índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, de la organización Americas Society/Council of the Americas y la empresa de consultoría Control Risks, señala que mientras el COVID-19 aumenta el riesgo de corrupción en la región, los países relajan la lucha en contra de este flagelo.
“Semana a semana se han denunciado casos de absoluta corrupción sobre la base de funcionarios y empresas privadas que ha estado en coordinación para estafar al propio Estado y a la sociedad con sobreprecios escandalosos. Distintos sectores corruptos han aprovechado la pandemia para hacer los negocios de su vida”, dijo a Sputnik el politólogo e historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y exvicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe.
Por su parte, el antropólogo y exdiputado español Sergio Pascual, miembro del consejo ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), señaló que, según estimaciones, los estados de la región vienen invirtiendo en total unos 177.000 millones de dólares en lo que va de esta pandemia y, mientras tanto, ya hay múltiples denuncias de que un barbijo que cuesta un dólar se está vendiendo a cuatro.
“Es aterrador porque estamos hablando de que, en el medio de una pandemia, en la que uno no tiene el recurso más básico para protegerse, su Gobierno no solo no lo protege, sino que se enriquece con su drama sanitario. Es verdaderamente aterrador. Estamos ante el nuevo Odebrecht de proporciones inimaginadas”, sostuvo, en referencia al mayor escándalo de corrupción reciente en la región, que involucró a esa firma constructora brasileña y tuvo ramificaciones en varios países.
En tanto, la politóloga Teresita Chávez, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, aseguró el 9 de diciembre que la corrupción se ha vuelto endémica en América Latina porque impregna la cultura y la vida cotidiana y causa pérdidas para la economía, el desarrollo y hasta los derechos de las personas.
Ecuador
En Ecuador, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, son constantes las denuncias de casos de supuestos sobreprecios en compras, por parte de instituciones públicas, de fundas para embalar cadáveres, mascarillas de protección y kits de alimentos, entre otros insumos necesarios para combatir la pandemia, a tal punto que la Fiscal Diana Salazar creó una Fuerza multidisciplinaria encargada exclusivamente de realizar investigaciones sobre este tema.
El 11 de mayo, el contralor Pablo Celi dijo que el Estado ecuatoriano pagó sobreprecios entre el 400% y el 9.000% en la adquisición de insumos médicos y mascarillas para las redes hospitalarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El 4 de junio, la Fiscalía de Ecuador y agentes de la Policía Nacional realizaron en Quito (norte) y Guayaquil (suroeste) 37 allanamientos y detuvieron a 17 personas involucradas en delitos de peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada, en la compra de insumos médicos y otros materiales durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Entre los detenidos en Guayaquil figuran el expresidente Abdalá Bucaram (2006-2007), Carlos Luis Morales, prefecto provincial de Guayas, y Luis Zunino, exgerente del Hospital del IESS de esa ciudad costera.
Paraguay
En los últimos meses se ha denunciado también irregularidades en la compra de insumos médicos en Paraguay.
La adquisición de artículos y camas en el marco de la lucha contra el COVID-19, que llevó adelante el Ministerio de Salud Pública, estuvo viciada de irregularidades en todas sus etapas, según un informe de Contraloría.
El contrato fue por 80.000 millones de guaraníes (12.069.120 de dólares) para las dos empresas y se realizó un adelanto de 17.000 millones de guaraníes (2.564.688 de dólares) que deben ser devueltos al Gobierno.
Ese pago fue uno de los principales puntos controvertidos, debido a que un adelanto contradice los principios de una compra de insumos por la vía de la excepción.
México
El 17 de abril el Instituto Mexicano del Seguro Social compró un equipo respiratorio con la compañía Cyber Robotic Solutions.
Pese a los reproches por el sobreprecio del ventilador, la polémica se encendió cuando fue confirmado que la empresa comercializadora es propiedad de León Bartlett, el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, uno de los más criticados funcionarios del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.
Poco después que las referencias a la venta del ventilador se volvieran virales, salió a la luz que se trataba también de la compra de 20 más, por más de un millón de dólares.
El 13 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social devolvió los 20 ventiladores.
Colombia
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia colombiana se vio obligada a hacer un llamado a los gobernadores para que redoblen las revisiones a los contratos por la emergencia sanitaria en varios departamentos del país a los que se consideraba de mayor “riesgo de corrupción”.
La Procuraduría General abrió una investigación contra el gobernador de Putumayo (sur), Buanerges Florencio Rosero Peña, por un polémico contrato de compra de 10 ambulancias con el que, presuntamente, habría incurrido no solo en sobrecostos, sino también en la “vulneración al principio de planeación”.
Antes de que terminara el mes de abril, el gobernador del Chocó (oeste), Ariel Palacios, fue separado de su cargo luego de ser señalado de haber cometido supuestas “irregularidades graves” en la administración de los fondos destinados a cubrir los gastos por la emergencia.
En total, se trata de más de 43 procesos disciplinarios y 70 indagaciones por corrupción. Fuente: Sputnik
