La abogada especialista en derecho administrativo y compras públicas, Yulibelis Wanderpool, advirtió que la correcta aplicación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas debe enfocarse en la prevención, la capacitación y el acompañamiento institucional, y no en una lógica centrada exclusivamente en la sanción.
Durante su participación en una entrevista televisiva, Wanderpool señaló que, si bien la nueva normativa fortalece de manera significativa la potestad sancionadora de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), esto no debe traducirse en una “cultura de castigo” que termine generando desaliento entre proveedores y retrasos en la ejecución de políticas públicas esenciales.
“La ley no puede convertirse en un mecanismo puramente punitivo. Un sistema de compras públicas moderno debe formar, orientar y prevenir errores antes de sancionar”, expresó.
La experta recordó que cada proceso de contratación anulado o cancelado tiene un impacto directo en la ciudadanía, ya que implica servicios que no se prestan a tiempo, obras que se retrasan o equipos esenciales que no se adquieren cuando se necesitan, especialmente en áreas sensibles como la salud, la educación y los servicios básicos.
En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer la capacitación de las unidades de compras y de los comités de contrataciones dentro de las instituciones públicas, así como de acompañar a los proveedores —en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas— para que comprendan correctamente los nuevos criterios y eviten incurrir en faltas que deriven en sanciones.
Wanderpool también destacó que la Ley 47-25 introduce avances relevantes, como la priorización de compras sostenibles, el impulso a las economías locales y la modernización de los procedimientos, pero insistió en que estos beneficios solo se materializarán si existe una aplicación equilibrada, técnica y transparente de la norma.
Finalmente, reiteró que ninguna ley se defiende por sí sola y que, junto a la labor de los órganos rectores, la vigilancia ciudadana y el rol de la prensa continúan siendo fundamentales para garantizar un uso correcto de los recursos públicos y fortalecer la confianza en el sistema de contrataciones del Estado.