Por Tony Peña Guaba
A todos nos gusta vivir en un país de libertades públicas, estabilidad institucional y crecimiento económico. Disfrutar de la democracia —de poder emprender, producir, circular con libertad y planificar el futuro— es, sin duda, una de las mayores conquistas de nuestra sociedad. Pero conviene decirlo con claridad y sin demagogia: la democracia cuesta, y cuesta mucho.
Cuando observamos el mapa de nuestro continente, la República Dominicana destaca como una de las democracias más estables. Esa estabilidad no es una abstracción teórica; se traduce en calidad de vida, en inversión, en empleo y en tranquilidad cotidiana. Basta ver cómo, en nuestro país, amplios sectores pueden desplazarse libremente, disfrutar de espacios de ocio y desarrollar sus actividades sin la permanente sensación de inseguridad que afecta a otras naciones de la región.
Uno de los ejemplos más evidentes es cuando comparamos nuestra realidad con nuestro vecino país de Haití. Compartimos una misma isla pero vivimos realidades radicalmente disímiles. Mientras en Haití, la clase más pudiente debe desplazarse con escoltas y vehículos blindados, aquí gozamos de una tranquilidad y seguridad envidiable.
Mantener una democracia funcional y en crecimiento exige que todos cooperen. Y esa cooperación, en términos prácticos, se llama impuestos. No hay forma honesta de sostener servicios públicos, políticas sociales, seguridad, infraestructura y estabilidad macroeconómica si una parte significativa de la sociedad evade o elude su responsabilidad contributiva.
Desde hace décadas, los gobiernos dominicanos han administrado el Estado bajo déficits presupuestarios recurrentes. Si bien la deuda externa se mantiene en niveles manejables en relación con el tamaño de nuestra economía, su servicio representa una carga pesada. Para el año 2026 se estima que entre 324 mil y 360 mil millones de pesos —alrededor del 24 % del presupuesto nacional— se destinarán al pago de intereses y amortizaciones. Es dinero que no puede invertirse en carreteras, puertos, escuelas, hospitales o infraestructura estratégica para el desarrollo.
Aunque hemos logrado reducir el peso de la deuda en relación con el PIB en comparación con el pasado, el fardo sigue siendo considerable. La pregunta, entonces, no es si tenemos capacidad de pago, sino si este modelo es sostenible a largo plazo y compatible con una economía que aspire a ser más justa y competitiva.
¿Cuál podría ser la receta? No existen soluciones mágicas, pero sí caminos razonables. Un Estado un poco más eficiente y contenido, cuidando al máximo el empleo público. Una mejora sustancial en la calidad del gasto. Una lucha frontal contra la evasión fiscal. Y, aunque sea el gran tabú de la política dominicana, una reforma fiscal integral que corrija distorsiones y desigualdades históricas del sistema tributario.
El principio debe ser simple y justo: quien tiene menos, paga menos; quien tiene más, paga más. Hoy existen privilegios irritantes y exenciones que no siempre se justifican, salvo en aquellos casos en que sirvan claramente para desarrollar zonas o sectores aún no explotados y atraer inversión productiva real.
Producir riqueza en democracia y disfrutarla es legítimo. Pero ese disfrute implica una corresponsabilidad con el país que lo hace posible. Si queremos seguir creciendo a ritmos elevados —que no son fortuitos— debemos asumir los ajustes necesarios para reducir los déficits, depender menos del endeudamiento y aspirar, en el mediano plazo, a que el servicio de la deuda no supere el 10 % del presupuesto. Solo así tendremos una economía más sana y un Estado con mayor capacidad de respuesta.
Todo esto es, ante todo, una invitación al debate responsable. Estas reflexiones no comprometen ni representan la posición oficial de ningún gobierno ni partido. Son simplemente el pensamiento de uno de los aspirantes a precandidato de nuestra organización, convencido de que la República Dominicana puede y debe ser un país más justo, más equitativo y con la mejor democracia del continente. Porque la democracia tiene un precio, sí, pero vale cada esfuerzo cuando se construye con equidad, justicia y visión de futuro.
