Las desapariciones de personas en República Dominicana constituyen ya una “emergencia nacional” que afecta a menores, mujeres y adultos, sin que exista aún una ley que regule su investigación, sanción y búsqueda. Así lo advirtió la periodista, activista y fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares Desaparecidos (ASODOFADES), Evelyn Abreu, durante una entrevista en el programa Esto No Tiene Nombre, donde llamó la atención sobre las falencias del Estado en materia de respuesta institucional y acompañamiento a las familias.
Abreu recordó que la preocupación por este fenómeno no es nueva y citó casos que, en distintos momentos, conmovieron al país, entre ellos los de Carla Maciel, Emily Peguero y el niño Andy de Jesús Martínez, sumados recientemente al de Brianna Genao Rosario, cuyo hallazgo sin vida desató una ola de indignación en enero. “Aunque vemos que hoy está en la palestra pública, las desapariciones son un fenómeno social que viene ocurriendo desde hace muchos años. Y una vez más se repite la historia: un caso de desaparición que termina en tragedia y no tenemos una ley en materia de personas desaparecidas”, afirmó.
Falta de marco legal y violaciones a derechos humanos
Para Abreu, la principal deuda del Estado es legislativa. Sostuvo que la ausencia de una norma integral sobre desapariciones impide establecer responsabilidades, protocolos y sanciones. “No hay sanciones para los autores de estos crímenes; existe una violación de los derechos humanos a las víctimas y a los familiares; y las investigaciones no se están llevando de manera adecuada”, dijo.
La activista insistió en que la falta de regulación deja a las familias en incertidumbre y abre espacio a la especulación. “Todo esto lo que hace es que se perpetúe aún más el daño”, agregó.
Consultada sobre si existe un patrón común entre las víctimas, Abreu explicó que el fenómeno es “multifactorial” y que puede involucrar trata de personas, tráfico de órganos, explotación sexual y otros delitos. Sin embargo, puntualizó que la ausencia de un marco normativo hace difícil establecer conclusiones rigurosas: “Al no haber una ley ni un personal dedicado a esto, resulta difícil poder investigar a profundidad”.
“Comienza la odisea del familiar”: fallas en la búsqueda
Abreu describió además el proceso que siguen las familias desde el momento en que denuncian la desaparición, al que calificó como una “odisea” marcada por desinformación y falta de apoyo. “Primero no se sabe dónde hay que poner la denuncia. Hoy se ha avanzado un poco porque la asociación se ha dedicado a educar, pero el año pasado todavía había que esperar 72 horas para reportar un desaparecido”, relató.
Pero la mayor denuncia llegó después: según Abreu, son los propios familiares quienes terminan realizando la búsqueda inicial. “A los familiares se les entrega una lista de hospitales y morgues para que sean ellos, sin recursos y sin conocimiento, los que vayan a ver si encuentran a la persona viva o fallecida”, explicó.
La activista relató casos en los que la falta de comunicación interinstitucional terminó en tragedia. Mencionó que hay registros de familiares que visitaron hospitales en reiteradas ocasiones y les aseguraron que la persona no estaba ingresada, cuando en realidad sí lo estaba o incluso había fallecido. “No hay comunicación. NACIF no reporta, los hospitales no reportan cuando llegan personas no identificadas”, denunció.
Cifras: más de 1,054 desaparecidos en 2025
Según datos citados por Abreu, la Policía Nacional registró 1,054 personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2025, siendo Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago las demarcaciones con mayor incidencia. “Estas cifras son alarmantes”, afirmó.
24 horas críticas y experiencias personales
Abreu destacó que las primeras 24 horas tras la desaparición son determinantes para elevar las probabilidades de localizar a la persona con vida. “A medida que pasan los días, esas probabilidades disminuyen; el paciente tiene más tiempo para operar”, dijo.
La activista también compartió su propia experiencia familiar: su madre desapareció en 2024 y tuvo que esperar tres días para que se aceptara la denuncia.
Expectativa por proyectos de ley y alertas
Abreu valoró que en el Congreso se estén discutiendo proyectos para implementar la Alerta Amber y otras modalidades de alerta, pero advirtió que no deben quedar solo en papel. “Tiene que existir un proyecto de ley en materia de personas desaparecidas que contemple también adultos, mujeres y envejecientes”, sostuvo.
A su juicio, el país necesita integrar un sistema que incluya alerta Amber (niños), alerta Rosa (mujeres), alerta Silver (adultos mayores) y alerta Azul (personas con causas particulares), además de políticas públicas preventivas, monitoreo en zonas rurales, campañas de sensibilización y mecanismos de investigación.
Finalmente
Abreu reiteró que los familiares deben ser considerados actores clave en el diseño legislativo y en los procesos de búsqueda. “Estamos quedando mal como sociedad. Estamos siendo parte de perpetuar ese crimen si no hacemos nada y no levantamos la voz”, concluyó.