SANTO DOMINGO.– La jurista y defensora de derechos humanos Patricia Santana Nina advirtió sobre un posible “abuso de poder” en el arresto de Alicia Anabel Santos Díaz, detenida por un presunto ultraje al Himno Nacional, al considerar que se trata de una actuación desproporcionada y contraria a los principios básicos del Estado de derecho.
“Yo quiero saber hasta qué punto en este país se va a estirar la soga de la arbitrariedad, de la irrazonabilidad y de la injusticia”, expresó la especialista en derecho constitucional y administrativo al referirse al caso.
Santana Nina cuestionó que se haya dictado una orden de arresto por un hecho que —según explicó— no conlleva sanciones de alta gravedad, y más aún cuando la persona detenida no tendría vinculación directa con la autoría del contenido que dio origen al proceso.
“Dictar una orden de arresto por un hecho que no conlleva sanciones tan graves y contra una persona que no tiene nada que ver con lo que se le imputa es una arbitrariedad, es una injusticia, es un abuso de poder”, afirmó.
Contexto del caso
El arresto de Alicia Anabel Santos Díaz se produjo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en el marco de una investigación por un presunto ultraje al Himno Nacional, relacionado con la lectura del texto titulado “Himno Nacional Lésbico Dominicano” durante una actividad cultural.
En agosto de 2025, la escritora dominicana residente en la diáspora Yoseli Castillo Fuertes difundió un comunicado público en el que asumió de manera expresa y total la autoría del texto, aclarando que se trató de una creación literaria personal y que ninguna otra persona, institución u organización participó en su elaboración o difusión.
En ese pronunciamiento, Castillo Fuertes explicó que el poema no tuvo como propósito sustituir ni modificar el Himno Nacional, sino constituir un ejercicio creativo desde la literatura, orientado a reflexionar sobre identidad, derechos humanos y diversidad. También indicó que desconocía la existencia de la Ley 210-19, al residir en un país donde no existen restricciones similares a la libertad de expresión, y que el texto fue escrito y publicado fuera de la República Dominicana.
Asimismo, señaló que las personas presentes en la actividad donde fue leído el poema no tenían conocimiento previo de su contenido, ni tampoco la institución en la que se desarrolló el evento. La autora ofreció disculpas por la polémica generada y manifestó su interés en que la situación no afecte a organizaciones ni a defensores de derechos humanos.
Debate sobre proporcionalidad y debido proceso
Para Santana Nina, más allá de la discusión sobre los símbolos patrios, el caso plantea interrogantes relevantes sobre los límites del poder punitivo del Estado y la obligación de actuar conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.
La jurista sostuvo que la protección de los símbolos nacionales no puede traducirse en actuaciones excesivas ni en medidas restrictivas de derechos que no resulten estrictamente necesarias, y subrayó que existen vías menos gravosas que una orden de arresto para abordar situaciones de esta naturaleza.
El caso ha generado un amplio debate público sobre libertad de expresión, uso del derecho penal y la aplicación de la normativa sobre símbolos patrios, en un contexto donde distintos sectores llaman a una actuación más prudente y constitucional por parte de las autoridades.