El año 2025 fue testigo de una oleada de procesos judiciales contra funcionarios y exfuncionarios públicos, tanto a nivel local como internacional, que volvió a colocar sobre la mesa la lucha contra la corrupción administrativa. La justicia actuó en casos emblemáticos que reactivaron debates sobre la independencia judicial, la selectividad penal y la efectividad de las instituciones en enfrentar la impunidad.
Casos emblemáticos y procesos claveUno de los procesos más resonantes en la República Dominicana fue el conocido como Caso SeNaSa, también denominado Operación Cobra, que desveló una supuesta red de corrupción y desfalco dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Las autoridades judiciales estiman que la estructura investigada podría haber desviado hasta RD$15 mil millones (alrededor de US$234 millones) de fondos destinados a servicios básicos de salud para millones de dominicanos, un ilícito calificado por el Ministerio Público como “cruel y siniestro”. Entre los acusados figura el exdirector de la entidad, Santiago Hazim Albainy, junto a varios exfuncionarios que enfrentan imputaciones por corrupción, malversación, falsificación y lavado de activos.
En diciembre de 2025, un juez dominicano ordenó prisión preventiva para siete exfuncionarios vinculados a un presunto esquema de corrupción relacionado con contratos fraudulentos en una agencia estatal de salud valorados en unos US$250 millones. Estas detenciones incluyeron la acusación de sobornos por más de US$31 millones a cambio de adjudicaciones ilegales de contratos.
Otro caso mediático en el país fue el proceso contra Alexis Medina Sánchez, hermano de un expresidente, quien fue condenado a siete años de prisión por delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores en el contexto de irregularidades en contratos públicos.
No todos los procesos resultaron en condenas: en agosto de 2025, un tribunal dominicano absolvió a Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Rosa, exfuncionarios acusados en el llamado caso Antipulpo, donde se les señalaba por supuesta corrupción administrativa relacionada con adjudicaciones irregulares. El tribunal consideró que las pruebas no eran suficientes para una condena.
Impacto regional e internacional
Aunque el enfoque mediático en el país estuvo dominado por casos de corrupción administrativa y desfalco de recursos públicos, a nivel internacional 2025 también reflejó una tendencia de acciones judiciales contra exfuncionarios por malas prácticas. En Malasia, el ex primer ministro Najib Razak fue sentenciado a 15 años de prisión y multado por miles de millones de ringgit por su papel en el escándalo financiero del fondo estatal 1MDB.
Además, en otros países de la región y fuera de ella se siguieron casos relevantes de funcionarios y exfuncionarios enfrentando cargos o procesos, como condenas por conspiración para lavar dinero o extradiciones relacionadas con sobornos y fraude transnacional.
Estado de los procesos y debates públicos
El 2025 no solo significó un aumento en la visibilidad de estos casos, sino también la polarización en torno a cómo se investiga y procesa la corrupción. En el plano doméstico, el Gobierno dominicano destacó que se habían recuperado más de RD$6,500 millones derivados de casos de corrupción y que mantenía más de RD$130 mil millones en procesos judiciales activos, subrayando su compromiso con la transparencia y la sanción de delitos administrativos sin distinción de jerarquías.
Sin embargo, críticos y analistas advierten que varios procesos han enfrentado retrasos, falta de resultados concretos o han generado cuestionamientos sobre la capacidad institucional para concluir con firmeza los casos y garantizar que los responsables cumplan las sanciones correspondientes.
Impacto político e institucional
El cúmulo de procesos judiciales ha reabierto profundos debates sobre la independencia del Ministerio Público y del sistema judicial, así como sobre la percepción pública de la justicia y su eficacia para combatir la corrupción en todos los niveles del poder. La atención mediática y ciudadana alrededor de estos casos ha presionado a las instituciones a actuar con mayor rigor, pero también ha puesto de manifiesto desafíos persistentes en los mecanismos de rendición de cuentas.
